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El Caso Abner Louima: Tres Policías Neoyorquinos Culpables
de Encubrir Tortura
Por Bill Vann
15 Marzo 2000
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El 6 de marzo, el jurado de un Tribunal Federal de Primera
Instancia en Brooklyn pronunció culpables a tres policías
de Nueva York de haber conspirado con encubrir, en 1997, la tortura
de un inmigrante haitiano en un cuartel de la policía.
Es posible que Thomas Weise y Thomas Bruder ambos reciban condena
de cárcel por cinco años por impedir una investigación
federal del asalto salvaje contra Louima. Al tercer policía,
Charles Schwarz, ya se le había encontrado culpable en
un juicio anterior de ser cómplice de Justin Volpe cuando
éste torturó al trabajador inmigrante. La tortura
se llevó a cabo en un cuarto de baño del Distrito
70 en el barrio de Flatbush, Brooklyn.
Volpe, pronunciado culpable de un ataque sodomita contra Louima
usando un palo de escoba roto y perforarle el recto y la vejiga
con una herida de una pulgada de diámetro, fue condenado
a treinta años de cárcel. Schwarz, culpable de haber
aguantado a Louima mientas lo atacaban, se enfrenta a cadena perpetua.
Los tres policías se mostraron incrédulos e iracundos
con el veredicto. “¡Son unos desgraciados mentirosos;
esto es pura mi— da!”, exclamó Schwarz, quien
dirigió
su ira contra su propio abogado. Mientras se lo llevaban para
ponerlo bajo custodia de nuevo, le pegó a la pared y gritó
otras obscenidades. Los otros dos acusados salieron al pasillo
del sexto piso con sus parientes, otros agentes de la policía
y funcionarios de la Asociación Benevolente de Patrulleros
(PBA), maldiciendo y llorando. Bruder le tiró objetos a
la pared. Por su parte, Weise gritó “¡Te voy
matar!” a una persona que trató de ayudar a su madre,
quien había caído al piso llorando a lágrimas.
Guardias de la corte, que sin duda hubieran aplastado a cualquier
otro grupo de criminales que se hubiera comportado de la misma
manera, se restringieron en apoyo moral.
La PBA, mayor sindicato de policías de la ciudad, había
insistido desde el primer juicio que a Schwarz se le había
pronunciado culpable injustamente y había jurado comprobar
su inocencia en el juicio de la conspiración. Con suma
confianza debido a la exoneración de los cuatro policías
de la Unidad Contra el Crimen Callejero responsables de haber
matado a Amadou Diallo a balazos, el sindicato se había
esperanzado con veredictos de exoneración para los tres,
no con fallos de culpabilidad para todos.
Diferente al primer juicio acerca del caso de Louima, donde
todos los policías permanecieron mudos, Schwarz esta vez
presentó testimonio a su propio favor. A Volpe se le puso
en libertad temporaria para que testificara que fue Weise, no
Schwarz, el que había estado con él en el baño
durante la tortura del trabajador inmigrante.
Pareció, sin embargo, que el jurado no creyó
la lógica de estos dos argumentos. Aunque gran parte del
juiciose basaba en pruebas indirectas, incluyendo llamadas telefónicas
entre los acusados y entre éstos y sus presuntos co conspiradores
entre ex funcionarios y funcionarios actuales de la PBA, la defensa
no pudo controlar las historias incompatibles e inconstantes de
los policías. El Schwarz mismo increíblemente sostuvo
que no había estado consciente de la índole del
ataque contra Louima, aun después que investigadores de
la Oficina de Asuntos Departamentales Internos (IAB) habían
invadido el cuartel de policía. Bajo intenso contrainterrogatorio,
contestó todas las preguntas con que no podía recordar.
En el juicio anterior, los policías habían testificado
que Volpe nunca había escondido su depravado ataque. Más
bien había marchado por cuartel con el palo de escoba en
mano, vanagloriándose que había “quebrado el
espíritu de un hombre”.
El alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y el Departamento
de Policía de Nueva York (NYPD) ambos trataron de presentar
el caso de Louima como “la excepción que confirma
la regla”: un puñado de policías que funcionan
fuera de la ley habían sido llevados a la justicia a causa
del testimonio de otros policías y la labor de IAB.
El hecho es que la investigación policial fue forzada
por noticias de primera página basadas en la información
que una enfermera en la sala de emergencias le había informado
a la prensa acerca de las heridas horribles de Louima. Policías
que testificaron contra Volpe, Schwarz y otros dos agentes fueron
ellos mismos culpables del encubrimiento hasta el momento en que
acusaciones formales se mostraron inminentes. En realidad, la
acusación de impedir el debido proceso de la ley habría
sido procedente contra docenas de policías que se encontraban
trabajabando desde el momento que Louima fue arrestado hasta que
lo metieran en la ambulancia en el Distrito 70. Y lo más
probable es que también sería procedente contra
los superiores del departamento, quienes esperaban que el escándalo
desapareciera.
En cierto sentido más fundamental, la tortura en el
cuartel tomó lugar en un ambiente socio-político
y social bien definido que Nueva York ha engendrado. El gobierno
municipal, empedernido en defender la riqueza, los privilegios
y el bienestar de una élite de ricos a través de
la supresión de los derechos de millones de residentes
obreros y pobres, quienes muchos son, tal como Diallo y Louima,
inmigrantes, le ha concedido enormes poderes a la policía.
Durante el juicio, el fiscal sostuvo que Volpe y Schwarz compartían
un mismo motivo para asaltar a Louima: “enseñarle
a respetar a los policías” luego de una noche en que
sufrieron golpes al tratar de dispersar una multitud que se había
congregado en el exterior de un club nocturno haitiano. Pero este
no es un sentimiento que lo comparte solo un grupito de policías
abusadores; ha sido fomentado por un gobierno que continuamente
ha tratado de culpar a las víctimas de los homicidios y
el salvajismo que la misma policía ha desencadenado contra
ellos.
Los fiscales federales, sin embargo, se fueron al extremo para
desligar el caso de Louima del problema mucho más general:
las atrocidades asesinas y la corrupción desenfrenada del
NYPD. La fiscal que representó al gobierno federal, Loretta
Lynch, declaró que la moral principal de la causa había
sido que mentir contra un “policía compañero”
era la peor “traición a la insignia y a la hermandad”.
Dijo que el veredicto ayudó a la ciudad a llegar a una
“resolución”. El procurador principal, Alan Vinegrad,
Fiscal Federal Auxiliar, le hizo menosprecio a la pregunta que
le hizo un periodista acerca de los vínculos que existen
entre este caso y la manera en que el NYPD generalmente trata
de encubrir la violencia policíaca. Insistió que
este era meramente un caso acerca de “tres individuos que
mintieron para proteger a uno de los suyos”.
El juicio también desenmascaró el papel de la
PBA, la cual le brinda un apoyo importantísimo al tan referido
“Código de Silencio” bajo el cual agentes de
la policía metódicamente mienten acerca del abuso
policíaco para protegerse unos a otros. Esta práctica
es tan común que según el estudio de la Comisión
Mollen en 1994—establecida para investigar un escándalo
ardiente acerca de la violencia y el tráfico de drogas
policíacos—los policías mismos conversan entre
sí acerca de “testimentir” ante los tribunales
y las cortes.
Los fiscales catalogaron de “testigo desfavorable”
a Michael Immitt, fiduciario de la PBA (lo cual equivale a agente
de negocios), quien presidiera una reunión en la que los
fiscales declararon que el complot se había maquinado para
mentir acerca de la presencia de Schwarz durante el atraco en
el cuarto de baño. Immit mantuvo en el estrado de los testigos
que no tenía ninguna idea acerca de la índole de
los cargos contra los policías, inclusive el mismo día
que el ataque contra Louima apareció en grandes titulares
de los diarios.
También subió al estrado de los testigos Anthony
Abate, ex representante del Distrito 70 ante la PBA. Abbate había
sido anteriormente despedido del Departamento de Policía
por dos razones: vociferar calumnias racistas contra un agente
de policía negro y mentir acerca de un regaño violento
y repleto de obscenidades que le hizo a una joven policía
luego que ésta tratara de presentar, en el cuartel misma,
una charla sobre la violencia en el hogar. Cuando se le preguntó
acerca de la gran cantidad de llamadas telefónicas que
los agentes responsables por el arresto de Louima le habían
hecho luego que surgieron las primeras revelaciones de su primera
ordalía, Abbate sostuvo que su única participación
había sido “escuchar con compasión a los policías”.
Weise fue sucesor de Abbate como representante del distrito.
El hermano de Volpe también había tenido el mismo
puesto en el sindicato. Pero ésta no fue la primera vez
que representantes del sindicato se hallaron implicados en un
caso de violencia bárbara. Francis X. Livoti, agente de
policía del Bronx, recibió condena de cárcel
federal por violar los derechos civiles de Anthony Baez, quien
fue estrangulado en diciembre, 1994.
¿El crimen de Baez? Permitió que su pelota de
fútbol rebotara contra el carro patrullero de Livoti.
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