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El arresto de Pinochet en Chile y los asesinos del complot
de la "Operación Cóndor" en Estados Unidos
Por Bill Van Auken
7 Enero 2005
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La versión original en inglés de este artículo
apareció en nuestro sitio el 18 de diciembre, 2004.
El lunes pasado, Augusto Pinochet, ex dictador de Chile, fue
arrestado y encausado por las matanzas y desapariciones de adversarios
políticos que ocurrieron durante su gobierno. La acción
contra el viejo tirano no ha ocasionado ningún comentario
del gobierno de Estados Unidos; y la prensa estadounidense, en
su gran mayoría, poca atención le ha prestado al
caso.
Pero la pista de la evidencia contra el general jubilado, cuyo
gobierno durante 17 años fue culpable de asesinatos, torturar
y encarcelar a decenas de miles de chilenos, llega directamente
a los pasillos de de Washington.
La semana pasada se recibió información que un
juez chileno, siguiendo esta pista, había logrado asegurar
una presentación documental de pruebas en la capital de
Estados Unidos ante la cual dos de los participantes del infame
programa “Operación Cóndor” serán
obligados a prestar testimonio. Ambos han vivido durante décadas
en Estados Unidos bajo la protección del gobierno federal.
Pero no son solamente estos asesinos los únicos que
están implicados en el escándalo. Importantes funcionarios
de Estados Unidos, en su capacidad actual o como ex-representantes
del gobierno, son tan culpables como Pinochet de lo asesinatos
en masa perpetrados en Chile y doquier durante el período
de la Operación Cóndor.
A Pinochet se le han imputado cargos específicos: el
secuestro de nueve individuos y el asesinato de uno de ellos.
Las víctimas habían sido exilados chilenos detenidos
por las fuerzas de seguridad de países vecinos y luego
entregados a la policía secreta de Chile, DINA. Ésta
entonces los detuvo en campos de concentración y centros
de tortura. Jamás volvieron a aparecer.
Estos casos han sido inspirados por los cientos, para no decir
miles, de individuos liquidados como resultado de un acuerdo—en
1975—entre el espionaje militar y los funcionarios de la
policía secreta de seis dictaduras latinoamericanas. Otros
países luego se unieron al pacto. La historia sociopolítica
y el destino de estos individuos indican que los casos representan
a miles de personas que estos regímenes asesinaron dentro
sus propias fronteras durante la década del 70.
Los fiscales chilenos han declarado que escogieron a Cóndor
como foco de sus acusaciones para que el dictador no pudiera alegar
que no fue responsable de lo que sucedió.
Se rumora que el juez Juán Guzmán, jefe de los
fiscales, ha obtenido pruebas contundentes que Pinochet participó
directamente en la reunión— formalmente llamada “Primera
Reunión Interamericana Sobre el Espionaje Nacional—que
se llevó a cabo en Santiago de Chile y en la que se forjó
la Alianza Internacional del Terror Estatal. Asistieron los funcionarios
principales de las fuerzas armadas y de la policía de Argentina,
Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
Una acción como esta, sin la participación de
Pinochet, habría sido imposible, y otra igual no podría
sucedido sin el permiso del gobierno de Estados Unidos, que activamente
apoyaba los golpes militares que llevaron a esas dictaduras al
poder.
Documentos antiguamente secretos de Estados Unidos han dejado
bien claro tres cosas: que Washington tenía conocimiento
de la “Operación Cóndor” desde un principio;
que sabía de los planes para asesinar a disidentes políticos
exilados; y que no hizo lo mínimo para evitarlos.
Hay suficientes razones para sospechar que todo lo ocurrido
sucedió con el permiso tácito de Estados Unidos,
el cual ya había participado en varios asesinatos y tratado
de perpetrar otros delitos similares durante las décadas
del 60 y del 70, período en que a la CIA se le conocía
popularmente como la “Compañía de Asesinatos
por Acciones”. Había capacitado a la mayoría
de los integrantes de la Operación Cóndor en la
Escuela de las Américas, la cual en aquel entonces se ubicaba
en Panamá bajo la supervisión del ejército
de Estados Unidos. Además, tenía asesores militares
y de la CIA que colaboraban íntimamente con las fuerzas
militares y destacamentos policiales secretos de toda América
Latina.
Henry Kissinger, en esa época asesor de Nixon pertinente
a la Seguridad Nacional (luego pasó a ser Ministro de Relaciones
Exteriores), fue uno de los arquitectos principales del golpe
militar en Chile. Cuando el gobierno de Unidad Popular de Salvador
Allende fue elegido en 1970, Kissinger hizo el siguiente comentario:
“No se por qué tenemos que quedarnos con los brazos
cruzados mientras un país se vuelve comunista debido a
la irresponsabilidad de su propio pueblo”.
Desde el día de la victoria de Allende en las elecciones
de septiembre, 1970, Kissinger fue dirigente de la conspiración
que llevó al derrocamiento del Presidente de Chile y en
la sangrienta matanza que se desató contra el pueblo chileno.
Las acciones de Washington se parecieron bastante a las que el
régimen de Pinochet, bajo los auspicios de la Operación
Cóndor, pondría en práctica solamente varios
años después.
Estados Unidos apoya los asesinatos
Aún antes del presidente del Partido Socialista ser
inaugurado, el gobierno de Nixon ya había asignado $10
millones para financiar los planes para derrocarlo. Los esfuerzos
de Estados Unidos inicialmente resultaron en el asesinato del
General René Schneider, jefe del ejército del país,
quien había expresado su oposición al golpe. El
objetivo de esta acción era hacer parecer a los partidarios
de Allende culpables del asesinato y así justificar el
golpe militar. No sólo abasteció la CIA las armas
de fuego que se usaron en el atraco, sino que eventualmente le
pagó $35,000 a los homicidas. En 2001, basándose
en documentos que comprueban la participación de Kissinger,
la familia Schneider presentó una demanda contra el ex
Ministro de Relaciones Exteriores en la que lo acusaban de ser
responsable de la muerte del general.
El mismo conjunto de documentos, que habían permanecido
secretos, dejaron bien claro durante los últimos días
del gobierno de Clinton que Washington tenía conexiones
muy íntimas con la Operación Cóndor; que
estaba muy consciente del complot para cometer asesinatos en el
extranjero (a Latinoamérica); y que no había tomado
acción alguna para ponerle paro al complot.
El asesinato más famoso ocurrió en la misma ciudad
de Washington. Orlando Letelier, ex Ministro de Relaciones Exteriores
del gobierno de Allende, se había convertido en la figura
más destacada entre los que trataban de influir a Estados
Unidos para que éste, basándose en los derechos
humanos, rompiera sus relaciones con la dictadura.
El 21 de septiembre, 1976, Letelier viajaba en su carro por
un sector de la Avenida Massachussets de la capital estadounidense,
llamado La Hilera de las Embajadas, cuando explotó una
bomba manejada por control remoto. El carro quedó destruído;
la explosión le arrancó a Letelier ambas piernas
y éste murió desangrado. Una asistente nortemericana,
Ronni Moffit, recibió un perdigón en la garganta
y murió ahogada en su propia sangre.
La CIA y el Ministerio de Relaciones Exteriores inmediatamente
supieron que el atentado había sido organizado por la dictadura
chilena. Desde un principio el gobierno de Estados Unidos trató
de encubrir el papel de su aliado, Pinochet.
George H. W. Bush, padre del presidente actual, era en ese
entonces director de la CIA. La agencia ya tenía suficientes
pruebas de la culpabilidad de DINA, pero optó por entregarle
a la prensa información falsa que alegaba que el crimen
había sido perpetrado por “extremistas de izquierda”
que trataban de desacreditar al régimen de Pinochet.
No sorprende que la revista Newsweek escribiera que “la
policía secreta de Chile no participó” en el
asesinato. Puntualizó que la CIA había llegado a
esta conclusión debido a que “la bomba había
sido demasiado primitiva para ser obra de expertos y porque el
asesinato, que sucediera al mismo tiempo que los gobernantes de
Chile trataban de ganarse el apoyo de Estados Unidos, sólo
podría hacerle daño al régimen en Santiago”.
(Newsweek, 11 de octubre, 1976).
Detectives del Ministerio de Justicia y fiscales del gobierno
federal no recibieron ninguna ayuda de la CIA durante la investigación
de los asesinatos. Pero una montaña de evidencia los llevó
directamente a dos agentes del DINA: Michael Townley y Armando
Fernández Larios.
Estos son los dos individuos que el juez chileno ahora va a
investigar. Townly fue extraditado a Estados Unidos en 1978 y
sirvió solamente cinco años de cárcel. Fernández
llegó en 1987 y recibió una pena máxima de
cinco meses en prisión. Ambos fueron puestos bajo la vigilancia
del Programa para la Protección de Testigos. El gobierno
de Estados Unidos les dio nuevas identidades, ayuda económica
y seguridad vitalicia.
El juez ahora quiere enjuiciar a Pinochet por el asesinato
en 1974 del General Carlos Prat y su esposa en Buenos Aires, que
murieron cuando una bomba explotó en el carro en que viajaban.
Townley ya ha confesado que él fue el fabricante no sólo
de esta bomba, sino también de la que le arrebató
las vidas a Letelier y a Moffitt.
El testimonio de Townly resultó en que al Coronel Juán
Manuel Contreras, ex jefe de DINA, se le encontrara culpable del
asesinato de Letelier y sentenciado a cárcel en Chile.
También se le encontró culpable en Argentina de
organizar el asesinato de Prats. Contreras, valioso agente bajo
paga de la CIA, insiste que todas las actividades de DINA se cumplieron
bajo órdenes de Pinochet.
¿Trabajaba Townley para la CIA?
Townley, hijo del director estadounidense de la Ford Motors
en Chile, se integró a una organización chilena
de la derecha extrema. Presuntamente se acercó a la CIA
y ofreció sus servicios en el país. La agencia ha
declarado que rechazó su oferta, pero ésta es la
reacción típica pertinente a sus espías secretos.
Todavía no se puede determinar con toda seguridad si Townley
actuó bajo órdenes de DINA o si también trabajaba
para la CIA. La protección que Washington le ha brindado
sugiere la segunda alternativa.
Pero los vínculos con la CIA no terminan ahí.
Para perpetrar exitosamente el asesinato en Washington, Townley
había reclutado a un equipo de exilados derechistas anti
castrenses que ya gozaban de íntimas relaciones con la
CIA en el momento que ésta desataba varios ataques armados
contra Cuba. Fueron los que abastecieron los explosivos y la mano
de obra para plantar la bomba que estalló en el carro de
Letelier.
Una de las figuras claves entre los exilados cubanos fue Guillermo
Novo Sampol, quien logró la infamia cuando lanzó
un ataque con bazukas contra la sede de la organización
Naciones Unidas en Nueva York en 1964. Fue declarado culpable
de homicidio premeditado [o asesinato en primer grado], conspiración
[confabulación] y otros cargos en el caso Letelier y sentenciado
a cuarenta años de cárcel. Este veredicto fue eventualmente
declarado nulo debido a ciertos aspectos técnicos de los
procedimientos judiciales.
En noviembre del 2000, Novo Sampol fue arrestado junto con
tres otros exilados cubanos Se le imputó el cargo de haber
planeado el asesinato de Fidel Castro mientras éste asistía
a una reunión cumbre de los países iberoamericanos
en Panamá. Entre los conspiradores se encontraba Luis Posada
Carriles, veterano de la Bahìa de Cochinos entrenado por
la CIA y quien anteriormente había sido acusado de participar
en el bombardeo terrorista de un avión de pasajeros en
el que 73 personas resultaron muertas. Carriles luego admitió
que había jugado un papel estelar en la red Irán-Contra
en Centroamérica y que tenía relaciones directas
con Bush, en ese entonces Vicepresidente de Estados Unidos.
Hacia finales de agosto del año pasado, el presidente
de Panamá, a punto de ceder el poder, perdonó a
los cuatro individuos que habían sido arrestados por conspirar
contra Castro. El perdón se anunció justamente el
día antes de un rally de la campaña presidencial
de George W. Bush en Miami. Éste rehusó criticar
la liberación de los cuatro terroristas que habían
recibido fallos condenatorios.
Tres de estos terroristas, inclusive Sampol, regresaron a Miami.
Fueron recibidos por una tumultuosa bienvenida auspiciada por
destacados exilados cubanos de extrema derecha que en ese momento
jugaban un importante papel en la campaña electoral de
Bush en la Florida.
Otro vínculo entre el gobierno actual y estos asesinos
merece investigación. Porter Gross, nombrado director de
la CIA en septiembre, se había integrado a ésta
como espía secreto en 1962. Se basó en Miami y participó
en varios planes para derrocar a Castro. Su puesto le facilitó
lazos muy íntimos con los terroristas cubanos exilados
que habían participado directamente en el asesinato de
Letelier. En 1970, Gross renunció oficialmente de la CIA.
Parece que Pinochet por fin va a ser enjuiciado en Chile. Una
de las preguntas más obvias es: ¿por qué
nunca ha sido enjuiciado por un tribunal de Estados Unidos? Hay
suficientes pruebas para encausarlo ante las autoridades jurídicas
de Estados Unidos, pues fue autor principal de lo que en ese entonces
era—antes del 11 de septiembre, 2001—el peor atraco
terrorista en toda la historia de Washington.
Pero no ha habido una acusación formal porque el gobierno
de Estados Unidos en general, así como también ciertos
destacados individuos que participan en el gobierno actual, están
implicados en el asunto. Todos también merecen ser enjuiciados
por desatar masacres, represiones y la tortura en Chile y en toda
latinoamérica durante la década de los 70.
Henry Kissinger pertenece en el banquillo de los acusados junto
con el dictador chileno. Un tribunal de Chile país ha pedido
su extradición. Es todavía figura muy destacada
en los asuntos de la clase gobernante de Estados Unidos y el gobierno
lo protege. En el 2002, el gobierno de Bush trató de nombrar—sin
éxito— a este criminal de guerra como presidente del
comité “independiente” a cargo de investigar
los ataques terroristas que ocurrieron en Nueva York y Washington
el 11 de septiembre, 2001.
George Bush padre también merece ser enjuiciado; bajo
su mando, la CIA fomentó y encubrió a escuadrones
de la muerte que rondaban por toda Latinoamérica y, a fin
de cuentas, en las calles de Washington.
Las figuras más destacadas del gobierno de Bush—el
Vicepresidente Dick Cheney y el Ministro de Defensa, Donald Rumsfeld—también
están comprometidos. Cheney fue director del personal de
la Casa Blanca durante la Operación Cóndor y Rumsfeld
Ministro de Defensa a cargo de las relaciones de Estados Unidos
con las fuerzas militares de Latinoamérica.
Un análisis de las relaciones del gobierno actual de
Estados Unidos con el caso de Augusto Pinochet muestra que los
que ahora dirigen la llamada “guerra mundial contra el terrorismo”
están implicados en actos terroristas auspiciados por el
estado.
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