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Francia extiende estado de emergencia por tres meses
Por Por Pierre Mabut y Antoine Lerougetel
23 Noviembre 2005
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Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el 17 de noviembre, 2005.
La decisión del gobierno de Francia de extender el estado
de emergencia por tres meses adicionales representa una grave
amenaza a los derechos democráticos y civiles. No existe
precedente moderno en Francia para semejante declaración
de poderes de emergencia. Originalmente, la medida había
sido impuesta el 12 de noviembre por solamente doce días
El pretexto para esta extraordinaria medida es la ola de manifestaciones
violentas, en contra de la represión policíaca,
por jóvenes inmigrantes en los barrios pobres que rodean
a París y otras ciudades francesas. Los motines comenzaron
el 27 de octubre y empezaron a desvanecer durante días
recientes.
Las autoridades han reaccionado al estallido elemental de la
ira contra la pobreza entrinchada, la discriminación, los
abusos de la policia y las declaraciones racistas abiertas del
Ministro del Interior, Nicolas Sarkovsky, con una enorme represión
policíaca. Desde el inicio de las rebeliones, 3000 individuos
han sido arrestados, y 1700 policías CRS contra motines
han formado cuarteles en los barrios pobres.
Ahora el gobierno gaullista de Jacques Chirac y el Primer Ministro
Dominique de Villepin se están valiendo de los disturbios
para establecer un precedente que justifique un gobierno autoritario
con enormes insinuaciones para los derechos democráticos
de toda la población de Francia.
El estado de emergencia se extendió de acuerdo a las
disposiciones de una ley adoptada en 1955 que, hasta el mes pasado,
no se había invocado por medio siglo. El Consejo de Ministros
tomó la decisión la mañana del 15 de noviembre,
y la Asamblea Nacional votó por ella en la tarde. Le otorga
al estado francés poderes represivos que por lo regular
caracterizan a tiempos de guerra civil.
La medida fue adoptada en la Asamblea Nacional por un voto
de 346 a 148. La Unión por un Movimiento Popular (UMP),
de tendencia gaulista, y la Unión por la Democracia Francesa
(UDF), de tendencia centro-izquierda, votaron a favor. El Partido
Socialista, el Partido Comunista, los Radicales de Izquierda y
los Verdes votaron en contra. El Senado, bajo el control de la
UMP, endorsará la decisión el jueves.
Según las disposiciones de la ley, el gobierno puede
ordenarle a la policía que lleve a cabo redadas y arrestos
en masa. El gobierno puede prohibir manifestaciones y censurar
los medios de prensa. La policía tiene autoridad para registrar
hogares y restringir el movimiento de individuos sin tener que
presentar pruebas razonables para sus acciones.
La ley de 1955 fue producto de la brutal subyugación
colonial de Argelia, y nunca antes había sido puesta en
práctica en Francia. El gobierno gaullista la invoca ahora
para preparar a sus fuerzas represivas en una confrontación
fundamental social y política con la clase obrera.
Al presentarle a su gabinete el estado de emergencia, el Presidente
Chirac enfatizó que la índole de la medida era "estrictamente
temporal". La extraordinaria duración de la extensión,
sin embargo, indica que estas palabras mienten.
Liberation, una publicación con vínculos
al Partido Socialista, publicó un editorial el 16 de noviembre
con el titular, "Estado policial?", que expresaba los
temores de varios sectores de la clase gobernante que tales medidas
no iban a lograr contener la rebelión. "La verdad
es que el Ministro del Interior tiene que estar muy ciego para
creer que leyes de emergencia pueden ser un remedio eficaz para
la ira que ha hecho que los suburbios ardan. O que el estado de
emergencia puede curar los males del racismo, el desempleo y las
injusticias, que son la raíz del mal francés...La
prolongación es inútil, y podría resultar
peligrosa".
En un esfuerzo para lograr apoyo par a las medidas policiales,
el gobierno esta tratando de entusiasmar los sentimientos racistas
y anti inmigrantes. Cuando el Ministro del Interior Sarkovsky
le presentó a la Asamblea Nacional la extensión
del estado de emergencia, éste anunció que se habían
iniciado procesos para deportar a diez extranjeros que habían
participado en los disturbios. Ha prometido expulsar del país
a todo extranjero que participe en los motines, tenga o no tenga
visa de residencia. Pero el hecho es que entre los arrestados
son pocos los extranjeros.
El oficial principal de la CRS, Christian Lambert, le declaró
a la prensa que sus fuerzas podrían poner en práctica
una nueva manera de hacer cumplir la ley: "Nos apoderaremos
de estos territorios otra vez...No vamos simplemente a saludar
a los propietarios de las tiendas pequeñas; seremos una
patrulla de policías que van a asegurar los distritos...El
ministro optó por enviar a la CRS a los lugares más
difíciles. Somos empleados civiles increíblemente
bien entrenados, de mucha experiencia, y bien duros".
Los disturbios han sido pintados estrictamente como acción
de inmigrantes, pero lo que más le ha molestado al gobierno
es la inquietud de los trabajadores en contra de la privatización
de los servicios públicos y otras agresiones contra las
normas de vida. El mes pasado, la huelga general de un día
lanzó a las calles de Francia las multitudes de trabajadores
y jóvenes más numerosas en muchos años, y
el 21 de noviembre, los trabajadores ferroviarios se irán
en huelga a nivel nacional en contra de los planes del gobierno
para privatizar y reducir los salarios.
El gobierno ha usado la rebelión de la juventud para
ver hasta donde puede llegar. La policía entrenada contra
los motines provocó intencionalmente a la juventud de Clichy-sous-Bois,
suburbio de París, el 31 de octubre, para mantener a la
rebelión hirviendo. El régimen entonces impuso el
estado de emergencia por doce días y estableció
toques de queda. También cerró sitios web en el
internet. Luego del 12 de noviembre, prohibió por 22 horas
todas las reuniones y manifestaciones en París. El próximo
día fue anunciado el plan para extender el estado de emergencia
por tres meses.
Durante todo este período, los sindicatos obreros, el
Partido Socialista, el Partido Comunista, los Verdes y los llamados
partidos de la "ultra izquierda"—la Liga Comunista
Revolucionaria y Lucha Obrera—han rehusado exigir que la
policía contra los motines se retire de los vecindarios
o hacer un llamado para tumbar al régimen gaulista. Han,
por lo tanto, dado ánimo al gobierno para que intensifique
su represión.
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