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Juez Español lanza nueva investigación sobre
la tortura aprobada por funcionarios del gobierno de Bush
Por Paul Mitchel y Chris Mariden
9 Junio 2009
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el autor
Este artículo apareció en nuestro sitio el
1 de Mayo 2009 en su inglés original.
Baltasar Garzón, el principal juez investigador de España,
ha lanzado una nueva investigación jurídica de las
acusaciones de tortura en la Bahía de Guantánamo
y otras prisiones estadounidenses con el objetivo de encontrar
"posibles autores materiales, que facilitaron o fueron cómplices"
del abuso ilícito de los detenidos.
En la orden judicial emitida el miércoles, Garzón
indicó con duras palabras que investigaría el papel
que jugaron altos funcionarios del gobierno de Bush en lo que
el definió como "un plan sistemático y autorizado
para la tortura y el cruel tratamiento a personas privadas de
su libertad, sin oficiales y sin los derechos mas básicos
para detenidos, exigidos por los tratados internacionales"
Escribió Garzón que la Bahía de Guantánamo
podría considerarse como "un verdadero ‘limbo'
en la comunidad jurídica que queda definida por una multitud
de tratados y convenciones firmadas por la comunidad internacional".
Garzón dio a entender claramente que consideraba iniciar
acción judicial contra los funcionarios de Bush que autorizaran
o aprobaran el uso de la tortura, no simplemente a agentes de
la CIA que la efectuaron, sino también a los abogados del
Ministerio de Justicia que ofrecieron justificaciones pseudo legales.
Escribió que documentos del Ministerio de Justicia bajo
Bush que previamente habían sido clasificados pero que
fueron publicados el mes pasado por el gobierno de Obama, indicaban
la existencia de un programa de tortura en la prisión de
la base aérea de los EEUU en Bagram, Afganistán,
igual que en Guantánamo. Éste programa había
sido aprobado "casi un nivel oficial"; cosa que "genera
una responsabilidad penal en las diferentes estructuras de ejecución,
mando y diseño y autorización de ese plan sistemático
de tortura".
Añadió que los documentos redactados por los
abogados del Ministerio de Justicia
en 2002 y 2005 proporcionaban pruebas "lo que antes se
intuía".
En el sumario judicial de diez páginas, Garzón
expresó que los abusos en Guantánamo y en otras
prisiones de los EEUU para personas sospechadas de ser terroristas
sugiere "un plan autorizado y sistemático de tortura
y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno
y sin los elementales derechos de todo detenido". También
declaró que solicitaría copias de los memorándums
del gobierno de Obama y que le pedirá al juez Ismael Moreno
la información que ha obtenido en el curso de su investigación
sobre los vuelos secretos de la CIA que aterrizaron en territorio
español.
Aunque Garzón no ha ofrecido los nombres de los blancos
de su investigación, el tono del lenguaje de la orden judicial
plantea la posibilidad que el vaya a emitir órdenes de
arresto contra altos funcionarios de Bush, tales como el Vicepresidente
Dick Cheney, el Ministro de Defensa Donald Rumsfeld, la Asesora
de Seguridad Nacional y luego Ministro de Relaciones Exteriores,
Condoleezza Rice, e inclusive él mismo Bush.
En 1998, Garzón emitió una orden de arresto contra
el ex dictador chileno Agusto Pinochet durante la estancia de
éste en Gran Bretaña. El juez exigió su extradición
para enjuiciarlo en un tribunal Español. Esto inició
una disputa jurídica en la que Pinochet fue obligado a
permanecer bajo arresto domiciliario en Gran Bretaña durante
17 meses. Ahora, altos funcionarios del gobierno de Bush, inclusive
el propio Bush, tienen buenas razones para no abandonar suelo
Americano por temor a sufrir el mismo destino o peor.
Garzón cita los estatutos españoles de "juridicción
universal" y las disposiciones de los Convenios de Ginebra
y leyes internacionales que prohíben la tortura y obligan
a los signatarios a enjuiciar a todo funcionario de todo gobierno
que infracte estas leyes en contra de la tortura. Dijo también
que haría una reseña a los testimonios de cuatro
ex rehenes en la Bahía de Guantánamo que habían
sido enjuiciados hace varios años por pertenecer a Al Qaeda.
Pero el tribunal Supremo Español exoneró a Hamed
Abderrahman Ahmed y a Lahcen Ikassrien. Las autoridades británicas
suspendieron las órden de de arresto para Abdul Latif al
Banna y Omar Deghayes.
Los detenidos alegan alegan "haber sufrido actos de agresión
física y psicológica durante su retención
en diferentes países, estando bajo la autoridad de personal
del Ejército norteamericano." La lista de abusos incluye
palizas, agresión sexual, exposición a temperaturas
de extremo calor y frió, música continua con el
volumen muy alto, largos períodos de interrogación
y privación de sueño.
El anuncio de Garzón agrava la crisis política
que ha rodeado lal gobierno de Obama en cuanto al uso de la tortura
por parte de los EEUU y otras infracciones de leyes internas e
internacionales. Obama ha tratado de dar la impresión que
su gobierno representa un rechazo total de esas prácticas,
pero a la vez defiende los crímenes mas atroces, tales
como el secuestro y las "desapariciones" de individuos
y su "rendición" a otros países, donde
se enfrentan al encarcelamiento y la tortura a manos de esos gobiernos.
El 16 de abril, Obama decidió publicar memorándums
de la época de Bush en los cuales se aprobaban métodos
como "El Submarino", lo que su gobierno ha admitido
que constituye tortura. Hizo esto solo bajo presión de
un tribunal que había dado un plazo definitivo para la
publicación de dichos documentos.
Al mismo tiempo rechazó toda investigación o
enjuiciamiento de agentes de la CIA que cometieron los actos de
tortura. Evidentemente, Obama esperaba así ponerle fin
al la controversia ardiente acerca de la tortura para pacificar
a sus partidiarios liberales y la opinión mundial a la
vez que le asegura a los sectores militares y de espionaje y funcionarios
altos del gobierno de Bush que no iba a considerarlos responsables.
Esta movida ha tenido el efecto opuesto, causando que altos
funcionarios del gobierno de Bush se manifiesten públicamente
con críticas acérrimas, incluyendo a Cheney y el
ex Director de la CIA, Michael Hayden — quienes han movilizado
los sectores más di- satisfechos de la maquinaria militar
y de espionaje y de otras fuerzas generalmente derechistas —
y defienden la tortura de personas acusadas de ser terroristas
y acusan a Obama de poner en peligro la seguridad nacional.
Ante la intensificación del conflicto dentro del estado,
funcionarios del gobierno han declarado su oposición a
toda investigación pública del programa de tortura
de Bush. Esto ha puesto a Obama en la situación de reconocer
los crímenes de estado a la vez que defiende a los perpetradores.
Los dirigentes Demócratas en el Congreso han seguido
las pautas de Obama, oponiéndose a toda investigación
jurídica de los funcionarios del gobierno de Bush y más
bien uniéndose para cerrar filas en apoyo de una investigación
llevada a cabo por el Comité Sobre el Espionaje del Senado
en cámara secreta, lo cual garantiza que será "bi-partidista"
y "no politizada", además de que la mayoría
de las revelaciones, si no todas, permanecerán clasificadas.
El anuncio de Garzón el miércoles sigue su intento
de acusar a los seis altos funcionarios del gobierno de Bush que
participaron en la redacción los memorándums sobre
la tortura. El General Fiscal del Estado de España, Conde-Pumpido,
se ha opuesto públicamente a esta investigación
y busca aniquilar toda exploración del tema. Esta movida
para bloquear la investigación proviene de debates a altos
niveles entre Washington y Madrid, incluyendo conversaciones directas
entre Obama y el Primer Ministro José Luís Rodríguez
Zapatero, del Partido Socialista (PSOE).
La nueva investigación de Garzón es un acto de
desafió que ha intensificado las consecuencias políticas
cuyo blanco son los funcionarios de primer rango del gobierno
de Bush que autorizaron el programa de tortura.
En una conferencia de prensa el miércoles, Obama reiteró
su creencia que "El submarino" autorizado por Bush era
tortura. Sin embargo, importantes funcionarios del gobierno de
Bush siguen defendiendo semejantes prácticas y su apoyo
de las mismas.
Uno de los acusados en la causa originada por Garzón
fue Jay Bybee, quien, como asistente del Procurador General, firmó
algunos de los memorándums sobre la tortura y que fue nombrado
por Bush como juez a una corte federal de apelaciones. Se enfrenta
a una creciente demanda para que se le destituya de su puesto.
El miércoles rompió el silencio y defendió
su papel en aprobar la tortura a los detenidos. Le dijo al New
York Times: "En ese momento yo creí, y lo sigo
creyendo hoy, que las conclusiones tenían razón
desde el punto de vista jurídico".
En cualquier caso la defensa de Condoleezza Rice de sus acciones
fue aún más descarada que la de Bybee. El jueves,
la página web Huffington Post publicó un reciente
intercambio entre Rice y estudiantes cuando ella presentaba una
charla en la Universidad de Stanford. Cuando varios estudiantes
le preguntaron si "El Submarino" era tortura, ella respondió
que "por definición, si fue autorizado por el presidente,
no violó nuestras obligaciones bajo la Convención
Contra la Tortura".
La postura de Rice es que Bush personalmente autorizó
"El Submarino" y en tal caso la autorización
presidencial anula la ley. Al querer defenderse, ha puesto a Bush
en el punto de mira.
El Procurador General de Obama, Eric Holder, se negó
a decir si los EEUU cooperaría con la investigación
del juez Garzón. Simplemente le contestó a una pregunta:
"Obviamente consideraríamos toda solicitud de un tribunal
de cualquier país para ver cómo y si tenemos que
cumplir con ella o no".
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales
(CCR), que representa a muchos de los retenidos en la Bahía
de Guantánamo, se refirió a la nueva investigación
de Garzón: "Los conspiradores de la tortura están
en un buen lío. Aunque los EEUU fracase en su obligación
de abrir una investigación sobre sus acciones delictivas,
España si lo hará. Los conspiradores pueden correr
pero no se podrán esconder. Es concebible que ya se hayan
efectuado las órdenes de arresto o que pronto lo serán.
Acusaciones formales seguramente han de seguir. Y a los integrantes
del equipo de tortura se les están limitando las opciones
que tienen para viajar".
La actitud del establecimiento político y de los medios
de comunicación a la investigación de Garzón
se ha revelado por casi el silencio total con que la han acogido.
Casi ni se ha reportado en los canales de televisión consagrados
a las noticias, y lo que se ha escrito en los periódicos
es muy superficial. Un artículo fue publicado en la edición
electrónica del New York Times el miércoles,
pero no apareció en la edición impresa del día
siguiente.
Esta reacción demuestra una vez más la complicidad
de los medios de comunicación en las acciones criminales
del gobierno de Bush y el esfuerzo de Obama para prevenir que
a los culpables de crímenes de estado se les considere
responsables de sus acciones.
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