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Obama defiende su "Guantánamo" en Afganistán
Por James Cogan
6 Marzo 2009
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el autor
Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el 27 de febrero del 2009.
La administración Obama ha insistido en que los prisioneros
que están siendo indefinidamente detenidos sin juicio alguno
en una prisión estadounidense en la base aérea de
Bagram, en Afganistán, no tienen derecho a impugnar su
detención ni el trato que se les aplica en los tribunales
estadounidenses.
El pasado viernes [20 febrero], en un caso presentado en el
tribunal del distrito federal sobre cuatro detenidos en Bagram,
el Departamento de Justicia de Obama mantuvo la proclama de la
administración Bush de que los hombres eran “combatientes
enemigos” y que los tribunales estadounidenses no tenían
jurisdicción en tales casos. “Tras considerar la cuestión”,
escribió en un informe el Fiscal Adjunto en funciones General
Michael Hertz, “el gobierno se adhiere a su posición
anteriormente articulada”.
Tras llegar al poder, Obama ha tratado de reparar el daño
que el centro de detención de la Bahía de Guantánamo
ha causado en la imagen del imperialismo estadounidense. Anunció
su cierre y declaró públicamente “Nosotros
no torturamos”. Ahora, la posición real de su administración
está clara. Mientras los supuestos “sospechosos de
terrorismo” no sufrirán más maltrato en Guantánamo
-que los tribunales estadounidenses dictaminaron finalmente que
era territorio estadounidense y sometido a supervisión
legal-, atrocidades semejantes podrán perpetrarse sin control
alguno en Afganistán y en muchos más lugares.
Jonathan Hafetz, de la Unión de Libertades Civiles Americanas,
comentó a Associated Press: “Ahora han abrazado [la
Casa Blanca de Obama] la política de Bush de que se pueden
crear prisiones al margen de la ley”.
Según se informa, el centro de detención de Bagram
está reteniendo al menos a unos 600 prisioneros. Se sabe
que hay otras prisiones estadounidenses operativas en otras ciudades
afganas, como Kandahar, Jalalabad y Khost. En ellas los detenidos
jamás son llevados ante un tribunal; no ven ni escuchan
las supuestas pruebas en su contra y no pueden acceder a abogado
alguno. Allí se les mantiene, sometidos al antojo del ejército
estadounidense. Sólo reciben visitas de representantes
de la Cruz Roja, a quien no se permite informar de las condiciones
de vida allí.
En algunos casos, incluidos los hombres involucrados en la
actuación del tribunal federal mencionada al principio,
los detenidos son atrapados en otros países como “sospechosos
de terrorismo” y después “entregados” a
Afganistán. Los cuatro demandantes fueron entregados desde
Yemen, Túnez, Tailandia y Pakistán. A uno de ellos
se le lleva reteniendo sin cargos desde hace ya seis años.
El gobierno británico admitió la pasada semana que
había enviado a dos nacionales pakistaníes detenidos
en Iraq a Afganistán por “sospechar” que pertenecían
a una organización islamista.
El grueso de los detenidos en Bagram son afganos detenidos
por el ejército estadounidense por sospechar su pertenencia
a la resistencia armada anti-ocupación emprendida por los
talibanes y otros grupos.
Esos “combatientes enemigos” no están protegidos
por la Convención de Ginebra para los prisioneros de guerra,
que afirma: “No se podrá infligir a los prisioneros
de guerra tortura física o moral ni presión alguna
para obtener datos de la índole que fueren. Los prisioneros
que se nieguen a responder no podrán ser amenazados ni
insultados ni expuestos a molestias o desventajas de ningún
género”
Según un informe de Naciones Unidas sobre Afganistán
[publicado el pasado mes de febrero], ex detenidos de Bagram han
informado de haber sido repetidamente sometidos a interrogatorios
que implicaron tortura y maltrato por no contestar a preguntas
o firmar confesiones. Se les mantuvo en celdas atestadas con hasta
quince o veinte hombres más. Según manifestaron,
se utilizaban en el campo todos los infames métodos desplegados
en Abu Ghraib en Iraq y en Guantánamo. A finales de 2002,
dos detenidos murieron en Bagram tras ser físicamente torturados
por el personal militar estadounidense.
Una vez que las agencias de inteligencia y el ejército
estadounidenses dan por terminado su trabajo con ellos, traspasan
a docenas de detenidos para que les juzguen los tribunales establecidos
por el gobierno afgano títere de EEUU. Un informe de 2008
de Human Rights First describía así esos
juicios:
“Bajo las leyes afganas, se acusaba a los detenidos de
delitos que iban desde traición y destrucción de
las propiedades del gobierno a amenazas a la seguridad de Afganistán.
Los juicios solían durar de treinta minutos a una hora
y los acusados eran sentenciados a penas de prisión de
entre tres a veinte años... sin que allí hubiera
presente testigo alguno de la acusación, ni afirmaciones
extrajudiciales de testigos que pudieran apoyar las acusaciones
y casi ninguna o ninguna prueba física de las acusaciones...
Esos juicios violan tanto la ley de procedimiento criminal afgana
como los estándares internacionales establecidos para un
juicio justo”.
Cuando abogados defensores protestaron por la falta de pruebas,
al parecer los fiscales contestaron que el ejército de
EEUU no habría detenido al acusado en cuestión si
no hubiera sido culpable. El pasado mes, los familiares de los
detenidos dijeron al Telegraph británico que la
mayoría de los prisioneros habían sido detenidos
en base a falsas informaciones proporcionadas por rivales tribales
o enemigos de la familia.
Mientras la administración Obama despacha más
tropas hacia Afganistán para asegurar los intereses estadounidenses
en Asia Central, se prepara para ampliar la capacidad del centro
de detención de Bagram. Se han destinado 60 millones de
dólares para ampliar el campo y que pueda albergar hasta
1.100 prisioneros. Varios cientos más de personas, de dentro
y fuera de Afganistán, se esfumarán en el agujero
negro legal creado por Bush y mantenido ahora por Obama, en nombre
de una fraudulenta “guerra contra el terror”.
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo
Fernández
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