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Gobierno español usae las fuerzas armadas para destruir
la huelga de los controladores de tráfico aéreo
Por Alejandro López y Alex Lantier
13 Diciembre 2010
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Este artículo apareció en nuestro sito en
su inglés original el 4 de diciembre, 2010
Anoche las fuerzas militares españolas se apoderaron
de diez aeropuertos después de que el Primer Ministro,
José Luis Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), firmara un decreto dándole al Ministerio de Defensa
el control total del espacio aéreo sobre España.
Ayer por la noche, los controladores del tráfico aéreo
lanzaron una huelga relámpago en contra de la dirigencia
sindicalista y dejaron a 330,000 pasajeros atrapados en aeropuertos
a través de toda España y el resto de Europa.
Los controladores se pusieron en huelga después que
el Consejo de Ministros adoptara un decreto el viernes por la
tarde relacionado a las condiciones de trabajo en las que laboran.
El decreto mismo declara que los controladores tienen que trabajar
1,670 horas al año, sin contar con permisos por enfermedad,
maternidad o paternidad. También incluyó la posibilidad
de inmediatamente militarizar los aeropuertos si los controladores
se ponen en huelga y con enviar a médicos a los hogares
de los trabajadores para determinar si los que se reportan enfermos
en realidad padecen de alguna enfermedad.
Este ataque es solamente el último en toda una serie
de agresiones. En febrero, el PSOE había emitido otro decreto
por medio del cual los salarios de los controladores eran reducidos
por un 40%. El decreto también ordenó el aumento
de las horas laborales y redujo los períodos de descanso.
Aparentemente, el gobierno adoptó este ultimo decreto en
anticipación a una nueva oposición de los controladores.
La nueva medida pertinente a las condiciones laborales es una
transparente infracción del acuerdo entre Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA), el gobierno de Zapatero
y el sindicato que representa a los controladores (USCA) que se
firmara hacia finales de septiembre, específicamente sobre
las disposiciones referentes a cómo las horas laborales
han de contarse.
Los controladores comenzaron a reportarse enfermos aproximadamente
a las 5 de la tarde. Casi el 70% llamó para quejarse que
padecía de una u otra enfermedad. Aparentemente, esta acción
sorprendió a las autoridades. La revista noticiera francesa,
Le Point, comentó: “Las razones exactas para esta
movida repentina no se saben”. Y añadió lo
siguiente: “Una huelga en contra de la privatización
[de AENA] se había planeado para fines de año”.
Funcionarios del gobierno anunciaron entonces que llevarían
a cabo una reunión para militarizar el espacio aéreo
español, aunque tuvieron que esperar hasta que se publicara
el decreto en el Boletín Oficial del Estado a las 9:30
de la noche. El decreto no quedaba vigente hasta que llegara ese
momento, pero una vez que el decreto entró en vigor, funcionarios
importantes del gobierno convocaron una reunión de emergencia,
en la cual participaron Zapatero y José Jiménez
Ruiz, Jefe de las Fuerzas Aéreas, para resolver la crisis.
Zapatero firmó la orden para obligar a los trabajadores
a regresar a sus trabajos a las 11:00 de la noche.
Funcionarios de defensa anunciaron a las 11:30 que el Ministerio
de Defensa “exigirá la presencia de los controladores
civiles del tráfico aéreo en sus puestos de trabajo”.
Policías militares marcharon en dirección del Hotel
Auditorium en Madrid, en las cercanías del Aeropuerto de
Barajas, para desbaratar una reunión de los controladores
de tráfico aéreo y obligarlos a regresar a sus trabajos.
Se reporta que anoche soldados se apoderaron de las instalaciones
centrales de los controladores en Sevilla, Madrid, Barcelona,
y las Islas Canarias. También planearon reforzar y tomar
el control de empleados civiles en los aeropuertos de Valladolid,
Murcia, Salamanca,Toledo, Badajoz, León, Zaragoza, Albacete
y los aeropuertos, más pequeños, de Cuatro Vientos
y Torrejón de Ardoz en Madrid.
Unidades del ejército han sido autorizadas a sacar a
los controladores de sus hogares a la fuerza, transportarles a
las torres de control y obligarles a trabajar “bajo orden
militar”. El gobierno acusará de comportamiento delictivo
a todo el que desafíe las órdenes, lo que será
condenado con entre seis meses y seis años de cárcel.
El diario español, El País, hizo notar
que la reacción del gobierno nunca había llegado
hasta semejante punto bajo la democracia.
Pero hay que decirlo sin rodeos: Un gobierno que militariza
a la economía que rige la vida de los ciudadanos y aplasta
el derecho a la huelga está al borde de caer en dictadura.
La oleada de reducciones a los salaries y los servicios sociales
que se han impuesto en España y en países de toda
Europa debido a la crisis económica, ya no es compatible
con gobiernos democráticos.
La huelga de los controladores de tráfico aéreo
aparece en medio de una gran oposición popular a las reducciones
de los programas sociales impuestas por el gobierno de Zapatero,
y a medidas similares que los gobiernos por toda Europa han adoptado.
Las últimas semanas han presenciado enormes manifestaciones
estudiantiles en Inglaterra e Italia, una huelga nacional de un
día en Portugal, la derrota de una enorme huelga por los
trabajadores del petróleo en Francia, y la destrucción
de la huelga de los marineros griegos por una orden del gobierno
que les obligó regresar a sus trabajos.
En España, 10 millones de trabajadores, o sea, un 70%
de la fuerza laboral del país, se manifestó en una
huelga general de un día que los líderes sindicalistas
convocaron en septiembre. Una encuesta de opinión pública
llevada a cabo en octubre por El País, descubrió
que el 61% de la población desaprueba de la manera en que
el gobierno de Zapatero ha tratado de resolver la crisis económica:
alargando la edad del retiro, reduciendo los salarios de los trabajadores
civiles, y adoptando reformas laborales que permiten el empleo
y el despido de trabajadores con mayor facilidad.
El miércoles, Zapatero citó las presiones que
han impuesto los bancos y los mercados financieros, quienes se
encuentran especulando en contra de la deuda pública española,
para justificar las nuevas reducciones de los programas sociales.
Estas incluyen no solamente la privatización en un 49%
de AENA, sino también la privatización en un 30%
de la lotería estatal, la reducción de las rentas
internas que se les cobra a los pequeños negocios, un aumento
en los impuestos sobre los cigarrillos, y la eliminación
de un programa que paga 425 Euros al mes a los que han estado
desempleados por largo tiempo. Ese programa ha de expirar en febrero
del año que entra.
Tales movidas tendrán un efecto devastador sobre las
familias de la clase trabajadora por toda España, sobre
todo en un país donde la tasa de desempleo llega a más
del 20%. Según los informes de prensa, el 40% de los desempleados
vive en hogares en que nadie puede encontrar empleo.
Toda lucha entre la clase trabajadora y el gobierno de Zapatero
es de potencial revolucionario, pues sucede bajo condiciones en
las que el gobierno arrogantemente ignora la opinión pública
en su campaña para empobrecer a las masas. Los sindicatos,
que han negociado las reducciones de los programas sociales con
Zapatero, temen semejante confrontación y han dejado bien
claro que se oponen a las huelgas.
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA)
canceló una huelga planeada para fines de agosto después
de que el 98% de la fuerza laboral votara en favor. El dirigente
de USCA, César Cabo explicó que el comité
ejecutivo del sindicato había decidido no ejercer el derecho
a la huelga durante el mes de agosto porque quería mostrar
que era “responsable”.
Ahora, los dirigentes sindicales, después de inicialmente
informar a la prensa que la huelga relámpago les había
tomado por sorpresa, han dejado bien claro que se oponen a ella.
Ayer Cabo publicó una nota en su página de Facebook
diciendo que el sindicato estaba luchando para que la normalidad
regresara a los aeropuertos y la paz reinara. Añadió
que el sindicato ha llamado a sus miembros para que calmen las
tensiones.
El País comentó que con anterioridad el
sindicato repetidamente había advertido que se hacía
más y más difícil controlar a sus miembros,
y hoy había abogado por “la calma y la serenidad”.
El periódico añade que los dirigentes del sindicato
negaron que había ocurrido una huelga, insistiendo que
la protesta había sido espontánea.
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