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El 4 de julio en Estados Unidos
Un gobierno de los ricos, por los ricos, para los ricos
Por Bill Van Auken
21 Julio 2010
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el autor
Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el 5 de julio, 2010.
El domingo, 4 de julio, marcó otro aniversario de la
Declaración de Independencia de Estados Unidos. Este documento
fundador de la república norteamericana lanzó una
profunda proclamación basada en los siguientes principios:
que "todos los hombres son creados iguales" y que poseen
"derechos inalienables".
La proclamación se hizo en 1776, un año después
de duras y amargas luchas contra el ejército ocupador británico.
Pero a fin de cuentas, esta lucha revolucionaria derrocó
al domino colonial y fue un acontecimiento de liberación
de gran alcance. Todavía reverbera por todos los rincones
del mundo.
Doscientos treinta cuatro años después, el gobierno
federal en Washington conmemoró el aniversario con toda
una serie de acciones que muestran hasta que punto los principios
de la Declaración han sido totalmente repudiados en la
práctica. Las acciones muestran como los ciudadanos estadounidenses
se han quedado con un gobierno tan poco representativo y tan reaccionario
como el del viejo Rey Jorge III.
El Congreso levantó sesión para dicho día
feriado y dejó a millones de trabajadores sin dinero—en
forma de beneficios para los desempleados—para pagar sus
hipotecas y comprar alimentos para sí y sus familias. Al
mismo tiempo, el Congreso privó a los estados de billones
de dólares destinados a los fondos de Medicaid.
Esta movida aseguró que se pusieran en práctica
reducciones brutales a los servicios sociales esenciales y contribuyera
al despido de maestros y otros empleados públicos.
Pero al mismo tiempo que el Congreso reducía los fondos
para los desempleados y el pueblo trabajador en general, aprobaba
$33 billones para pagar por la intensificación de la guerra
colonialista en Afganistán; guerra de ocupación
que ya lleva nueve años. Fue así que el gobierno
de Estados Unidos pudo asegurar que iba a seguir una política
mucho más brutal que los crímenes del propio rey
británico con los "saqueos", las "matanzas",
"la desolación", "la tiranía",
"la crueldad", y "la perfidia"; palabras que
aparecen en el resumen de las demandas de la Declaración
de Independencia.
La capa social principal en Estados Unidos con suficiente razón
para celebrar este 4 de julio con júbilo super patriótico
consistió de los bancarios de Wall Street y los
gerentes de fondos de inversiones libres ("hedge funds"),
a quienes el gobierno redujo las rentas internas por un valor
de $19 billones, cantidad que ahora el pueblo se ha visto obligado
a financiar con su propio dinero. Aunque la semana pasada el Congreso
inicialmente adoptó el inoperante e ineficaz proyecto de
ley para la reforma bancaria—presuntamente para ser pagado
por impuestos sobre las instituciones bancarias mayormente responsables
por el desastre económico del 2008—la dirigencia Demócrata
se postró ante las objeciones de los Republicanos y optó
por financiarlo con el dinero que sobraba del Troubled Assets
Relief Program (TARP). Estos fondos habrían disminuido
el déficit de Estados Unidos, pero en vez de ello, los
billones para reducir el déficit serán extraídos
de los programas que favorecen a la clase trabajadora y a los
pobres.
Todas estas acciones en conjunto pintan un cuadro que muestra
que el gobierno es de los ricos, por los ricos, para los ricos
y totalmente sordo a las necesidades y los deseos a la gran mayoría
del pueblo de Estados Unidos. Las acciones del Senado de la república
( el "club de millonarios"), de la Cámara de
Representantes (donde el promedio de las fortuna neta es $650,000)
y de la Casa Blanca de Obama las determinan los intereses bancarios,
empresariales y el 1% más rico. Pero a la mayoría
de habitantes del país se le abandona en el altar misericordioso
del "mercado libre" capitalista.
Para millones y millones de estadounidenses, la política
de este gobierno es una catástrofe. Cuando el Senado decidió
levantar la sesión la semana pasada sin adoptar la extensión
de los beneficios de desempleo, dejo a 1.63 millones de trabajadores
sin ingresos. Para fin de mes, esa cantidad ha de aumentar a tres
millones. Y si el Congreso fracasa en adoptar una extensión
al comenzar la nueva sesión, la cifra aumentará
a 7 millones para fin de año.
Estos millones de trabajadores desempleados, junto con sus
hijos, están siendo condenados a la pobreza, al hambre
y a quedarse sin techo en nombre de la "lucha contra el déficit",
fraseología política cuyo significado es simple:
imponerle a la clase trabajadora todo el peso de la crisis del
sistema capitalista.
El contexto económico y social dentro del cual estas
acciones han tomado lugar pone en relieve la criminalidad de sus
intenciones. Las últimas estadísticas publicadas
por el Ministerio de Trabajo el viernes pasado muestran que en
junio se perdieron 125,000 empleos. Por lo menos 15 millones de
personas han quedado cesantes. Y para cada empleo hay cinco trabajadores
llenando la solicitud. La cantidad de desempleados a largo plazo—es
decir, aquellos que han estado desempleados por seis meses o más
y que tienen necesidad de las extensiones financiadas por el gobierno
federal—no tiene precedentes desde la Gran Depresión
de la década de los 1930.
Estas estadísticas sobre el desempleo, luego de toda
una serie de informes acerca de la caída de la venta de
la vivienda y los automóviles, el declive estrepitoso de
la confianza de los consumidores y la disminución de los
pedidos industriales, hacen burla del gobierno de Obama cuando
éste sostiene que estamos viendo el "verano de la
recuperación".
No cabe duda que el fracaso del Congreso nacional en aprobar
$24 billones para asistir a los estados con el programa de seguro
médico, Medicaid, ha de intensificar aún más
el desplomo de la economía estadounidense. Sin este dinero,
los despidos podrían afectar a aproximadamente 900,000
trabajadores en tanto el sector privado como en el público.
Los servicios sociales y la educación pública también
sufrirían enormes reducciones.
La dirigencia del Partido Demócrata en ambas cámaras
del Congreso—el Senado y la Cámara de Representantes—ha
culpado a la terquedad de los Republicanos por la derrota de estas
exiguas medidas de ayuda. Pero la verdad es que ambos partidos
de la clase empresarial aceptan la doctrina de la reducción
del déficit y están de acuerdo con que los gastos
destinados a los programas sociales—inclusive la limosna
ofrecida a los desempleados—sean reducidos para satisfacer
ese fin. En cuanto a la Casa Blanca de Obama, ésta rehusó
toda referencia a los millones de trabajadores que han quedado
indigentes.
Pero ningún obstáculo de semejante índole
impidió que se aprobara el dinero para las guerras imperialistas;
la dirigencia de los congresistas Demócratas bien se empeñó
en aprobar los $33 billones suplementarios para ese propósito.
Esta cantidad es más o menos equivalente a la que se le
negó a los desempleados y a los gobiernos estatales antes
del 4 de julio. La Cámara de Representantes votó
por los fondos para las guerras justamente un día antes
del Senado confirmar, por medio de un voto de 99-0, al nuevo comandante
en Afganistán, General David Petraeus, quien inmediatamente
procedió a definir sus intenciones para intensificar la
matanza de afganis.
¿Cuál es la razón por el abismo que existe
entre los intereses de la mayoría trabajadora y la política
de los dos grandes partidos empresariales? De acuerdo a las últimas
estadísticas publicadas por el Congressional Budget
Office (Oficinas del Presupuesto del Congreso) la semana pasada,
la brecha entre el 1% más rico—los millonarios de
Estados Unidos—y el resto de la población aumentó
más del triple entre 1979 y el 2007. Durante ese período,
los ingresos del 1% más rico aumentaron—luego de de
pagar las rentas internas—en un 281%, comparado con un aumento
de solo 25% para el 60% de la población.
El inmenso crecimiento sin interrupción de la desigualdad
social en Estados Unidos hace burla a los principios igualitarios
que el documento fundador del país proclama. Es incompatible
con los derechos democráticos fundamentales y manifiesta
esencialmente una profunda degeneración del sistema capitalista,
el cual ahora sólo produce desastres económicos,
sociales y ecológicos, para no decir guerras cada vez más
catastróficas.
A medida que Estados Unidos conmemora la adopción de
la Declaración de Independencia, es completamente razonable
invocar la manera en que el documento defiende el derecho del
pueblo a "alterar o abolir" todo gobierno que le niegue
sus derechos inalienables" y reemplazarlo con un nuevo sistema
"que le parezca que mejor garantiza su seguridad y felicidad".
El Partido Socialista por la Igualdad (PSI) tiene la confianza
que la clase trabajadora de Estados Unidos tratará de ejercer
este derecho fundamental. Lo más urgente del momento es
el desarrollo de la dirigencia revolucionaria que le presente
a los trabajadores de este país el programa para que se
unan con sus hermanos y hermanas de todo el mundo en una nueva
lucha revolucionaria para ponerle fin al desempleo, la pobreza,
la opresión y las guerras, y establecer una sociedad socialista
organizada para satisfacer las necesidades de la mayoría
en vez de defender los intereses y las ganancias de la moderna
aristocracia bancaria de hoy día.
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