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España: La Falange fascista podrá participar
en proceso legal abierto contra juez Baltasar Garzón
Por Vicky Short
5 Marzo 2010
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El Tribunal Supremo español dictaminó que el
partido fascista, la Falange, puede unirse a una acusación
particular contra el juez Baltasar Garzón por sus intentos
de investigar los crímenes de la dictadura de Franco. La
Falange, que era la única organización política
permitida bajo el régimen franquista, llevó a cabo
innumerables crímenes contra la clase obrera española
durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura que le siguió.
Hoy en día cuenta con un pequeño grupo de miembros.
Garzón, quien es miembro del máximo tribunal
penal de España, la Audiencia Nacional, es bien conocido
internacionalmente por sus controvertidas actividades de investigación.
En 1999 intentó extraditar de Gran Bretaña al dictador
chileno Augusto Pinochet con el fin de juzgarlo en España
por genocidio, terrorismo y torturas. Ha investigado las actividades
de la organización separatista vasca ETA, así como
también a los escuadrones de la muerte anti-ETA creados
por el gobierno del Partido Socialista Obrero (PSOE) de Felipe
González en la década de 1980. Garzón también
estuvo involucrado en la investigación de la corrupción
dentro del partido opositor, el Partido Popular (PP).
Él ha sido criticado recientemente por los Estados Unidos
e Israel después de que intentó levantar cargos
de crímenes contra la humanidad a sus funcionarios gubernamentales
— los EE.UU. por sus acciones en Irak, Afganistán
y la Bahía de Guantánamo, e Israel por crímenes
de guerra cometidos en Gaza. También convocó a los
ministros del gobierno chino a que testifiquen sobre la represión
de las protestas en el Tíbet.
En septiembre de 2008, Garzón inició sus investigaciones
de los asesinatos en la época franquista, después
de aceptar las peticiones de las familias, agrupadas en las sociedades
de la Memoria Histórica, que querían encontrar los
restos de sus seres queridos y aclarar las circunstancias de sus
muertes. Como resultado de sus investigaciones, Garzón
acusó a Franco y 44 ex generales y ministros, además
de 10 miembros de la Falange, de crímenes contra la humanidad.
Exigió la apertura de decenas de fosas comunes donde más
de 100.000 de sus víctimas fueron sumariamente fusilados
y enterrados.
Garzón planteó el caso, principalmente por el
servicio de Relaciones Exteriores de la Falange, de la separación
forzada de sus padres de aproximadamente 30.000 niños,
por lo general de opositores políticos del régimen.
Señaló que los tribunales españoles nunca
habían llevado a cabo una investigación penal en
cualquiera de estos crímenes y que no había sido
llevado a la justicia a ninguno de los autores.
Sin embargo, pocas semanas después de emitir esta pérfida
acusación contra Franco y sus secuaces, el juez retiró
los cargos después que los abogados nombrados por el PSOE
desafiaron su autoridad para proseguir con la investigación.
Argumentaron que Garzón había violado una ley de
1977 dando amnistía por atrocidades pasadas como parte
de la llamada "transición pacífica a la democracia"
tras la muerte de Franco en 1975.
La acción del PSOE marcó una capitulación
significativa a la oposición a Garzón por parte
del Partido Popular — movimiento que se originó en
la Falange, la Iglesia Católica y los medios de comunicación.
Animado por sus acciones, dos organizaciones de extrema derecha
recientemente formadas, Manos Limpias y Libertad e Identidad,
iniciaron una petición para un juicio contra Garzón,
acusándolo de "corrupción en el ejercicio de
sus funciones", que fue aceptada por los tribunales. Si se
le abre juicio, Garzón será suspendido de inmediato.
El recurso contra Garzón es un signo claro de que la
élite gobernante está decidida a intimidar a cualquiera
que intenta cuestionar el “pacto de silencio” sobre
los crímenes del franquismo aprobado por el ala derecha,
el PSOE y el Partido Comunista (PCE) durante la transición.
Muchos en la élite y altos funcionarios del gobierno hoy
son los herederos directos del régimen de Franco.
Garzón no es el único en la mira de la falange.
También están la gente que le pidió que iniciara
las investigaciones. El tribunal ha puesto a disposición
de los que quieren enjuiciar a Garzón, incluyendo la Falange,
los documentos presentados por las asociaciones de Memoria Histórica
en relación las miles de víctimas de la dictadura.
Una investigación sobre los crímenes del régimen
fascista podría exponer el papel de la llamada “transición
a la democracia”, que conservó el dominio capitalista
en España tras la muerte de Franco y que ha impedido cualquier
ajuste de cuentas con los fascistas. Durante 35 años, se
han frustrado todos los intentos de descubrir lo que ocurrió.
Como parte del procesamiento de Garzón está el
temor de que la investigación del pasado se convierta en
un catalizador de una nueva erupción de la lucha de clases
y de una lucha política contra el orden existente, especialmente
teniendo en cuenta el creciente descontento económico y
político.
Garzón cuenta con un amplio apoyo en España e
internacionalmente. La Unión Progresista de Fiscales dijo
que respaldaba la investigación de Garzón porque
“concordaba totalmente con la legalidad nacional e internacional”
y “de ninguna manera puede considerarse jurídicamente
infundada o arbitraria”. Criticaron su procesamiento por
“organizaciones asociadas con la más extrema ala derecha
en el país, algunos de ellos herederos directos de los
implicados en los delitos investigados”.
El experto en la lucha anti-corrupción, el abogado jubilado
Carlos Jiménez Villarejo, declaró: “La extrema
derecha española ha conseguido ganar a su lado una parte
del poder judicial... La cuestión decisiva es que [Garzón]
se atrevió a hacer lo que nadie había hecho, investigar
las desapariciones forzadas, un centenar de miles de desapariciones”.
Un grupo de escritores, abogados, académicos y músicos
firmaron un manifiesto de apoyo al juez y declararon que estaban
“tristemente convencidos” de que va a sufrir un juicio
“kafkiano”.
Cartas mandadas a El País expresan apoyo popular por
sentar cuentas, política y judicialmente, con los franquistas.
Una decía: “Es increíble que ninguno de
los implicados en los crímenes de la dictadura haya pagado
por ellos y, sin embargo, están exigiendo explicaciones
al juez que quiere investigar esos crímenes.”
García señaló: “Y pensar que si las
mismas personas que atacan a Garzón mañana llegan
al poder cometerán los mismos delitos que sus antepasados,
es terrible sólo de pensar en ello”.
“Los mismos jueces han dado detalles a la Falange de quienes
denuncian a Franco, poniendo en riesgo la seguridad de estos.
Tal acción no tiene otra interpretación de que el
juez (que la hizo) también es un franquista y ayuda a los
fascistas que buscan protegerse detrás de la “legalidad”.
Es bien conocido que la extrema derecha busca colocarse en puestos
de poder, el ejército, la policía, los juzgados,
cargos políticos, etc., para construir un gobierno de facto,
independientemente de qué partido esté en el poder.
Esa es su estrategia.”
José centró su ira en el PSOE y su complicidad
con la extrema derecha: “La derecha franquista ha ganado.
¿Y qué está haciendo el gobierno? Se está
dejando manipular. No sé a quien le tienen más miedo,
a los fascistas o a Garzón buscando verdad.... Zapatero
me ha decepcionado. Y la Memoria Histórica ha llegado a
nada. ¿Han hecho un pacto con la derecha o qué?”
Video:
“So
many thousands of unknown nameless people”—Franco's
mass graves
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