Huelga de empleados públicos en Brasil desafía
la economía política del gobierno del PT
Por Bill Van Auken
14 Agosto 2012
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Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el 7 de agosto, 2012
Una prolongada huelga por 350.000 profesores universitarios,
electricistas y otros empleados del gobierno federal ha desafiado
directamente la política económica iniciada por
el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) bajo el mando
de la Presidente Dilma Rousseff, quien ha impuesto su programa
en reacción a la crisis económica mundial.
Se espera que los miembros sindicalizados de la Policía
Federal se unan a la huelga hoy luego que votaran sobre ella la
semana pasada. La acción ha cerrado el control de aduana
y pasaportes en las fronteras brasileñas, los aeropuertos,
los puertos y otras instalaciones.
Otros sectores de la fuerza laboral federal han estado en huelga
por muchas semanas. Estos incluyen 143,000 profesores y otros
empleados universitarios, quienes desde el 17 de mayo han cerrado
57 universidades federales y 34 institutos técnicos del
gobierno. Estos trabajadores de la educación rechazaron
el contrato que el gobierno les ofreció el mes pasado,
pacto que sólo sirvió para ahondar la desigualdad
dentro de un sistema en el que los profesores con doctorados ganan
solo $US2000.00; o sea, menos que los policías municipales.
También se encuentran en huelga los trabajadores de
Electrobras, la mayor empresa estatal de servicios públicos
de Latinoamérica, así como también empleados
de varias agencias regulatorias, ministerios y entes estatales.
Entre estos se encuentran los trabajadores de ANVISA, agencia
brasileña a cargo de seleccionar alimentos, medicinas y
otros productos. La acción que han llevado a cabo ha paralizado
el movimiento de mercancías en todos los puertos del país.
En el mes de junio, la huelga por los analistas de la agencia
gubernamental de estadísticas gobierno paró la divulgación
del informe oficial sobre el desempleo.
La huelga ha continuado y se ha extendido a pesar de los esfuerzos
acérrimos de la burocracia sindical, la cual dirige la
Central Única de Trabajadores (CUT), federación
sindicalista mayor de Brasil, en aislar y suprimir la lucha. El
recién instalado presidente Vagner Freitas, anunció
luego de una sesión cerrada con Gilberto Carvalho, jefe
del gabinete, que se oponía a la huelga general por todos
los trabajadores federales debido a que la situación se
“radicalizaría”.
A pesar de las súplicas de los funcionarios sindicales,
el gobierno de Rousseff no ha mostrado ninguna inclinación
a la “tolerancia o a verdaderas “negociaciones”.
Al contrario; ha reaccionado a la huelga con represalias sin precedentes,
reduciendo el salario de los trabajadores por cada día
en huelga, lo cual no es la norma en semejantes disputas. También
emitió el Decreto 7777 a finales del mes pasado, el cual
autoriza el uso de trabajadores estatales y municipales como rompehuelgas
para desempeñar el trabajo de los empleados federales en
huelga.
La Presidente Roussef ha tomado una postura dura contra las
exigencias de los trabajadores federales, pues considera que representan
un desafío muy directo al programa de “ajustes fiscales”
que el gobierno del PT ha tratado de poner en práctica
como reacción al impacto de la crisis capitalista mundial
sobre la economía brasileña.
La crisis del euro, la persistencia continua de la economía
estadounidense y la tasa reducida de crecimiento en la China
se han combinado para llevar la expansión de la economía
brasileña, la cual reemplazó a la de Inglaterra
como la sexta mayor del mundo, casi al paro.
Se calcula que la producción industrial se ha contraído
en un 4.3 por ciento desde el año pasado. Según
los pronósticos del mercado, la tasa crecimiento general
para el 2012 será entre el 1.5 y 2 por4 ciento, lo cual
representa una baja de la anémica tasa de crecimiento en
un 2.7 por ciento el año pasado, para no mencionar el crecimiento
en un 7.5 por ciento en el 2010.
La reacción del gobierno para estimular la economía
se ha basado principalmente exenciones tributarias, tasas de interés
preferenciales y subvenciones al capital multinacional del país.
Los incentivos tributarios para las industrias, junto con la reducción
al 5.5 por ciento de la tasa de interés que el banco nacional
de desarrollo le cobra a los préstamos empresariales (en
comparación al estándar de 8.5 por ciento) no han
atraído nuevas inversiones de importancia.
Lo que el capital criollo, tanto como l extranjero, desea es
la reducción de los costos de la mano de obra. Esto ha
se ha mostrado claramente en la reciente confrontación
que ocurrió cuando General Motors anunció el plan
para despedir a 1,840 trabajadores de su fábrica en San
José dos Campos, en las afueras de Sao Paolo. La amenaza
de eliminar los empleos de estos trabajadores no sólo causó
una serie de huelgas y manifestaciones, sino también la
advertencia por parte del gobierno de Rousseff, quien enfatizó
que sus incentivos tributarios tenían como objetivo mantener
la fuerza laboral de Brasil empleada y no causar el desempleo.
La semana pasada, el sindicato local y GM llegaron a un acuerdo
tentativo que temporáneamente pospone el despido y garantiza
los empleos de 900 trabajadores hasta noviembre. El resto será
descansado con salario pago y se les ofrecerá nuevos programas
de re capacitación laboral entre el presente y noviembre.
Por otra parte, el sindicato y la empresa siguen las negociaciones.
El sindicato principal de trabajadores automotrices, Sindicato
de Metalúrgicos de ABC, acérrimamente criticó
en público al sindicato local de la fábrica de Sao
José dos Campos de y los acusó de ser responsable
por los despidos porque había rehusado negociar enormes
concesiones que el sindicato principal había aceptado en
otros lugares. En una declaración publicada en la revista
del sindicato sede, el secretario general, Wagner Santana, puntualiza
que los despidos se debieron a la “intransigencia” del
sindicato local.
El ataque de Rousseff contra los trabajadores federales tiene
como objetivo hacer caer los salarios de los trabajadores y causar
el deterioro de sus condiciones laborales por todo el sector privado.
Así los costos laborales en Brasil serán más
competitivos con los de China y otros países.
Hasta ahora, el gobierno ha rehusado ofrecer todo plan serio
para ponerle fin a las huelgas. El mes pasado, el Congreso nacional
del país aprobó un proyecto de ley sobre el presupuesto
que no incluía ningún aumento de sueldo para el
2013. Dirigiéndose al periódico, Correio Braziliense,
uno de los asesores de Rousseff defendió la medida, declarando
que los trabajadores públicos “ya habían recibido
aumentos durante los últimos diez años y tenían
estabilidad en sus empleos. Aún con la situación
peor en Europa y Estados Unidos, continuarán con sus empleos.
Tienen, por lo tanto, que contribuir su cuota de sacrificio”.
Pero una cuota semejante no se impone a los bancos, empresas
y a las clases reinantes ricas de Brasil, cuyas filas han crecido
a una velocidad insólita bajo los gobiernos del PT con
Roussef y su predecesor, Luis Inacio da Silva, ex líder
de los trabajadores metalúrgicos, a la cabeza. De acuerdo
a la agencia consultora, Capgemini, y a su socia, RBC Wealth
Management, el año pasado Brasil presenció el mayor
incremento, per capita, en la cantidad de individuos de altos
ingresos. La cantidad de brasileños con por lo menos ingresos
disponibles aumentó a 165,000 el año pasado; es
decir, 10,000 más que en el 2010.
La defensa cada vez más transparente de los intereses
de este sector súper rico a costillas de la amplias masas
de los trabajadores brasileños ahora crea las condiciones
para una enorme confrontación entre el gobierno del PT
y la clase obrera.
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