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Argentina parcialmente re-nacionaliza a la compañía
de petróleos YPF
Por Bill Van Auken
1 Mayo 2012
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La semana pasada la presidenta argentina Cristina Fernández
de Kirchner anunció que su gobierno expropiaría
51 por ciento de la compañía petrolera YPF de su
dueño español Repsol (YPF había estado previamente
administrada por el estado). El anuncio provocó denuncias
y amenazas de gobiernos y corporaciones españolas y europeas,
junto con reprobaciones en los medios occidentales. También
evocó elogios por parte de elementos de la "izquierda"
pequeño burguesa en Latino América y en otras partes.
Fernández realizó su anuncio en el palacio presidencial,
de pie delante de una larga imagen de Evita Perón, el ícono
populista argentino de los cincuenta. Ella describió su
acción como un "modelo para la recuperación
de la soberanía y control de un instrumento fundamental",
añadiendo que era una política que "debería
unir a todos los argentinos".
En efecto, la reafirmación del control estatal sobre
la compañía tiene un abundante apoyo en Argentina,
con las encuestas mostrando un 80 por ciento de la población
en favor de la medida.
Similares porcentajes se opusieron a su privatización
en los noventa bajo el previo gobierno peronista del presidente
Carlos Menem. La venta de la compañía junto con
un puñado de otras empresas estatizadas fue la pieza central
de la política neo-liberal respaldada por el Fondo Monetario
Internacional el cual llevó a un fuerte incremento en el
desempleo y pobreza de la clase trabajadora argentina.
En 1999, Fernández Kirchner y su difunto esposo, Néstor
Kirchner, entonces una legisladora peronista y un gobernador peronista
de la provincia petrolera de Santa Cruz y futuro presidente respectivamente,
apoyaron por completo el esquema de privatización y la
venta del 99 por ciento de las acciones a Repsol.
El senado argentino votará en la parcial re-nacionalización
esta semana, y se espera una decisión final por el congreso
en pleno el 3 de mayo. Ya que el gobernante Partido Justicialista
(PJ) peronista controla ambas cámaras y un amplio apoyo
por la medida viene de la mayoría de otros partidos, su
aprobación está asegurada.
No obstante, en España y Europa y también en
las páginas de la prensa financiera, ha habido amenazas
y gritos de protestas. Juan Manuel Soria, el ministro de industria
de España, advirtió: "El gobierno de España
defenderá los intereses de Repsol y de otros negocios españoles
que operan en el resto del mundo".
El gerente general de Repsol Antonio Brufau, cuya compensación
total fue de 10.2 millones de euros ($13.5 millones) el año
pasado, advirtió que "estos actos no quedarán
impunes".
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció que Washington
se encontraba "muy preocupado" por la acción
de Argentina y urgió al gobierno a que "normalice
sus relaciones con los inversionistas".
De manera significativa, tanto el Partido Socialista (PSOE)
de la oposición y las principales federaciones sindicales,
la UGT, afiliada con el Partido Socialista, y las Comisiones Obreras
(CC.OO.) afiliadas con el Partido Comunista, alineándose
detrás del gobierno derechista en Madrid y las multinacionales
de España, emitieron declaraciones condenando la expropiación
argentina.
El PSOE aseguró al gobierno del primer ministro Mariano
Rajoy que "puede contar con nosotros y de que estamos seguros
que esto puede ser finalmente arreglado e invertir una decisión
dañina".
Los CC.OO. denunciaron a Argentina por una "medida que
causará un grave daño a los accionistas, sobretodo
a los más pequeños, a los trabajadores y a la economía
española".
La UGT, como si fuese la oficina colonial de España,
"condenó" a la acción argentina como una
"agresión inaceptable contra los intereses económicos
españoles".
José Manuel García-Margallo, el ministro de relaciones
exteriores de España, trató de bajar el tono de
la retórica después de un encuentro de ministros
de la Unión Europea. El capital español tiene $23
mil millones en inversiones en Argentina.
"No estamos cuestionando el derecho de Argentina de obtener
independencia en suministros energéticos, aunque en mi
opinión eso es un error en el siglo 21", declaró.
"Lo que estamos cuestionando es si pueden expropiar una compañía
sin pagar a los accionistas".
Repsol ha exigido que Argentina pague $10.5 mil millones en
compensación por la expropiación, una tasa que refleja
sus precios de acciones más altos. El gobierno argentino
ha declarado que no aceptará los términos de Repsol.
Aunque la retórica suena a veces como si España
estuviese contemplando la reconquista de su ex colonia, la única
acción concreta que ha anunciado es un alto a la compra
de biodiesel argentino, algo que al parecer ya había sido
planeado y cuyo mayor impacto será hacer subir los precios
para los consumidores españoles.
Al justificar la expropiación de la mayoría de
acciones de Repsol en YPF, el gobierno argentino ha indicado una
inminente crisis energética para la Argentina: la producción
de petróleo ha caído 22 por ciento en la década
pasada incluso cuando la demanda ha aumentado 40 por ciento. Como
resultado, el gobierno argentino ha sido obligado en gastar miles
de millones de dólares para importar combustible.
Fernández y sus ayudantes han culpado de esta crisis
al "saqueo" de Repsol del YPF, así como también
del pago de la gran mayoría de las ganancias de la compañía
en dividendos a sus accionistas; no invertir en la producción;
y no incrementar el rendimiento para alcanzar la creciente demanda.
Aunque todos estos cargos son ciertos -algo que se refleja
en el obsceno salario del gerente Brufau- el gobierno argentino
ha sido totalmente cómplice en esta operación de
saqueo.
Creado por el presidente Hipólito Yrigoyen en 1922,
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) fue la primera
corporación de petróleo estatizada en el mundo.
El objetivo de sucesivos gobiernos argentinos fue el de utilizar
la firma para alcanzar independencia energética y como
una fuente de ingresos que financiase la mayoría de la
infraestructura del país. Por los años sesenta,
el petróleo importado había sido reducido aproximadamente
a un sexto de la demanda total.
Aunque previos gobiernos usaron a la firma estatizada para
propósitos políticos, el saqueo total de YPF se
desplegó en los últimos años de la dictadura
militar que gobernó al país entre 1976 y 1983, cuando
esta fue colocado bajo el control del Gen. Guillermo Suárez
Mason. El general también fue responsable de administrar
algunos de los campos de prisioneros y centros de tortura más
infames del país, en donde muchos de los 30,000 "desaparecidos"
fueron asesinados.
Suárez Mason, quién murió en el 2005 mientras
aguardaba ser enjuiciado por asesinato, secuestro y el robo y
venta de bebés de prisioneros políticos, desvío
grandes sumas de dinero de YPF a sus cuentas personales como también
a los "contras" nicaragüenses, la logia fascista
P2 y otros grupos de derecha. En 1983, al final de su reinado
como el director de la firma, YPF registró una perdida
de $6 mil millones, en aquel tiempo la más grande para
cualquier firma en el mundo.
El presidente Carlos Menem, el peronista de derecha que perdonó
a Suárez Mason, organizó la privatización
de YPF junto con la oficina de correos, el sistema ferroviario,
la compañía de teléfonos y las empresas de
servicios públicos del gas, electricidad y agua. Hubo,
una vez más, saqueo por compañías privadas
en alianza con oficiales gubernamentales.
Fue Néstor Kirchner, elegido presidente en el 2003 y
"co-presidente" de Fernández entre su elección
en el 2007 y su muerte en el 2010, quién decidió
forzar a Repsol a que inicie una "argentinización"
de YPF. Esto involucraba ayudar a un adinerado amigo y partidario
de los Kirchners, Enrique Eskenazi, el jefe de una firma de construcción
sin experiencia en la industria petrolera, a comprar 25 por ciento
de acciones de la firma. Eskenazi lo logró bajo condiciones
extremadamente favorables, sin poner un pago inicial y con un
acuerdo bajo el cual Repsol cubriría sus pagos en unos
$3.45 mil millones en deuda con dividendos que representaban el
90 por ciento de las ganancias de la compañía. Repsol
retiro a su propio director del YPF e instaló a Eskenazi
en sus oficinas de Buenos Aires.
Por lo tanto, el pago de la mayoría de las ganancias
de YPF como dividendos en vez de reinversión en producción
fue una parte integral del acuerdo elaborado por los Kirchners
para beneficiar a uno de sus compinches. El parasitismo fue impulsado
no sólo por el capital español, sino por sus compañeros
argentinos con conexiones políticas.
Asimismo, un tope de precios gubernamental de $55 el barril
desalentó el deseo de Repsol de invertir en Argentina en
un momento cuando el petróleo se estaba comercializando
en el mercado mundial a $100. La compañía movió
su capital a Brasil, Trinidad y Bolivia.
Desde entonces, dicen algunos reportes, ha habido una ruptura
entre el gobierno y Eskenazi. También hay reportes de que
Repsol estaba negociando un acuerdo para vender sus intereses
en YPF a la empresa estatal china, Sinopec.
No hay ninguna indicación de que la medida de Fernández
de tomar un interés en controlar YPF esté vinculado
con cualquier política energética coherente o de
que dictará un fin a la corrupción política
que rodea a los acuerdos del gobierno con la firma. En primer
lugar, el gobierno pueda que quiera usar a YPF para obtener activos
para cubrir su déficit comercial y satisfacer la necesidad
de pagos extranjeros.
El domingo, el Ministro de Planeamiento Julio de Vido y el
Viceministro de Economía Axel Kicillof, nombrados como
supervisores estatales de YPF, anunciaron que el Lunes comenzaron
reuniones con las principales compañías de petróleo
para solicitar inversiones extranjeras. Reuniones con Total de
Francia y Petrobras de Brasil, fueron seguidas rápidamente
por negociaciones con ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil y otras
compañías. Uno de los objetivos de estas negociaciones
es asegurar tanto el capital y la pericia para desarrollar un
campo de esquisto recientemente descubierto, Vaca Muerta, el cual
se cree que puede ser el tercero más grande del mundo.
Esta prisa para obtener capital extranjero señala la
realidad detrás de la "recuperación de la soberanía".
Al final, será la clase trabajadora argentina la que pagará
el precio de compensar a Repsol, asegurando las ganancias de los
nuevos gigantes petroleros multinacionales que la reemplacen,
y subsidiando la corrupción del gobierno peronista. Esto,
más temprano que tarde, tomará forma bajo el aumento
de precios de combustibles, peores estándares de vida y
la aceleración de la inflación.
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