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Se preparan importantes ataques a las pensiones en España

Por Vicky Short
15 Julio 2013

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Este artículo apareció originalmente en inglés en nuestro sitio el 26 de junio 2013.

Hace un mes, la Unión Europea (UE) concedió a España un plazo de dos años para reducir su déficit fiscal al objetivo del 3 por ciento del ingreso nacional (Producto Interno Bruto) que exigen la UE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A cambio, fijo un plazo, que vence en septiembre, para que el gobierno del derechista Partido Popular (PP) reforme las jubilaciones .

De inmediato el gobierno, encaminado ya a la destrucción del sistema público de pensiones de jubilación, para privatizarlo; dio otro importante paso en esa dirección.

Decidió establecer un "Comité de Expertos" de 12 personas. Estuvieron incluidos en el Comité el Partido Socialista Obrero (PSOE) -de oposición- y las dos principales federaciones sindicales: la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CC.OO.) Se le encargó un informe sobre la "la sostenibilidad de las pensiones públicas en España," informe que se publicó el 7 de junio.

Sus recomendaciones principales son:

*Que las mensualidades sean revisados todos los años; bajando o subiendo, no con la tasa de inflación como ahora, sino con alzas y bajas de costos y ganancias de las inversiones en manos de fondos privados.

*Que la mensualidad inicial sea disminuida en función a expectativas de vida.

* Que se adelante la fecha para poner en efecto el aumento de la edad de retiro de los 65 a los 67 años -y otros cambios ya acordados en 2011 entre el anterior gobierno del PSOE y los sindicatos.

Todos los principales periódicos españoles aprobaron las recomendaciones del Comité.

Previo a que el Comité saliera con su informe, se publicaron una serie estudios no oficiales de bancos y compañías de seguros, que arguyen que el sistema actual de pensiones de jubilación es insoportable; insisten que en el futuro la gente ahorre en cuentas particulares y compre seguros privados.

Muchos de esos informes fueron escritos por personas detrás del documento del Comité. A nadie le importa explicar de donde sacarán obreros tercerizados, con trabajos casuales mal pagados, recursos para invertir en pensiones, cuidado médico y educación -ni mencionar el 55 por ciento de jóvenes o el 27 por ciento de adultos sin empleo que ahora viven en la pobreza.

Uno de esos estudios, del Instituto de Estudios Fiscales, órgano autónomo del Ministerio de Hacienda, propone disminuir la pensiones entre el 22 y el 45 por ciento.

De los 12 "sabios" que forman el Comité de Expertos, 7 trabajan para compañías financieras y de seguros, incluyendo Unespa, Mapfre, Aviva, y BBVA. Otro de ellos, Víctor Pérez-Díaz, enseña en la Universidad de Madrid; es un sociólogo neo-liberal ligado con FAES (Fundación Para el Análisis y los Estudios Sociales, centro de estudios del PP.) Por su parte el PSOE, la UGT y las CC OO sirvieron en la Comisión de hojas de parra en esta maniobra del PP.

Un borrador preliminar de este informe deja en claro que el gobierno necesita sacar provecho de la crisis económica para imponer sin más ni más las reformas de pensiones. Considera que, dada las presentes incertidumbres, "el momento es propicio para el acuerdo y el pacto alrededor de propuestas razonables."

La participación y el apoyo público de Miguel Ángel García, jefe del gabinete económico de las CC. OO. a las recomendaciones del Comité junto con la aprobación del presidente de las CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, provocó una crisis interna. La respuesta inicial de Toxo a las quejas por parte de esos críticos fue decir que se trataba de sólo un informe. Sin embargo, cinco días después de aparecer éste, el cuerpo ejecutivo de las CC OO fue forzado a salvar la cara declarando su repudio.

La dirección de las Comisiones Obreras ahora sostiene que fue un error haber aceptado la participación de uno de sus miembros en esa comisión tan profundamente desequilibrada (con tantas personas vinculadas al compañías de seguro).

Sin embargo, en la misma declaración, el sindicato defendió la actuación de García en el Comité por ayudar a frenar cambios más extremos.

Por su parte, García, admite sólo haber logrado posponer la fecha de implementación de las reformas, hasta el 2019, diciendo que un cambio de esta envergadura requiere el tiempo necesario para conocer en profundidad la reforma y evitar incertidumbres en tiempos difíciles, admisión que resume todos los esfuerzos de las CC. OO. para frenar "reformas más extremas."

Esta es una farsa; en verdad las federaciones sindicales han estado envueltas desde hace años en la destrucción de las pensiones de jubilación y de la previsión social, tanto bajo el gobierno del PSOE como bajo el del PP. El mismo García y otros dirigentes sindicales ayudaron a negociar el "Pacto de Toledo" en 1995 con el gobierno del PSOE y con la patronal; basándose en un análisis de los problemas estructurales de seguridad social y de las principales reformas posibles, el Pacto hizo 15 recomendaciones para transformar el sistema de pensiones.

Tanto el PSOE como los sindicatos conspiran con la burguesía en la destrucción del sistema público de pensiones de jubilación. Su fin es privatizar las pensiones para que la cúpula capitalista de la sociedad acumule más riquezas. No sólo la jubilación sería puesta en manos particulares. Las empresas también demandan para sí todos los programas de previsión social para chupar cuanta ganancia puedan.

Los comentarios del Conde Henri de Castries, presidente y gerente de la compañía de seguros transnacional AXA, y del siniestro grupo de cúpula Bilderberg, ejemplifican el pensamiento de los máximos gobernantes. Tengamos en cuenta que en 2012 este señor cobró 374,670 euros mensuales, unos 4.5 millones de euros anuales.

Entrevistado por el diario El País, dijo que los sistemas de pensiones de jubilación, de la educación y previsión de salud, son insostenibles. También se pronunció a favor de abolir la edad de jubilación. La gente podría retirarse o no según sus ahorros; sus ingresos dependerían de cuanto hayan acumulado sus fondos particulares de jubilación .

"El Estado debe ser capaz de desregular, delegar y dejar de intervenir. Porque muchas veces, es como un oso en una tienda de porcelana (...) el sistema actual de pensiones es insostenible... ¡La gente vive más de ochenta años! Cuando los sistemas de pensiones fueron introducidos por Bismarck allá en el siglo XIX, la expectativa de vida de los obreros era de 40 años y su edad de jubilación de 65 años. Así que la mayoría de la gente se moría antes de jubilarse. ¿Piensa alguien que esos mismos principios pueden aplicarse hoy día? Tenemos a gente que se jubila a los 60 y que vive hasta los 95 años. Yo no creo que sea viable".

Toda persona que ha trabajado toda su vida y contribuido a la sociedad tiene un derecho básico a un estilo de vida decente en su vejez. Es más, la provisión de pensiones no es una responsabilidad individual; es un derecho social . El artículo 50 de la Constitución Española dice: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".

Las fuerzas derechistas en España, con toda la intención de acabar con el derecho a una jubilación, fingen que el problema tiene que ver con cambios demográficos; ese es un pretexto de robo. Los trabajadores producen un valor social que es más que suficiente para que todos tengan pensiones decentes; ese valor es atesorado por una minúscula cúpula social, fabulosamente adinerada, que ahora exige aún más a costillas de todos los otros.

 



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