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Sindicatos españoles confabulan en el desempleo masivo
y los recortes salariales
Por Alejandro López
7 Marzo 2013
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En dos años, el gobierno del Partido Popular (PP) y su
predecesor, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
han acordado tres "reformas" laborales con los sindicatos.
La ley del 11 de Febrero declara que "trata de garantizar
tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión
de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los
trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección
social. Esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios
y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los
legítimos intereses de todos."
Bajo un capitalismo en profunda crisis es imposible que "todos
ganen", y no ha pasado mucho tiempo para que esto quedara
claro. Los trabajadores han salido perdiendo -sea con el desempleo
cada vez más pronunciado, los sueldos más bajos
o las condiciones laborales cada vez más precarias- mientras
que los empresarios han cosechado las recompensas. Todas las limitadas
protecciones ganadas durante la transición hacia una democracia
burguesa después de la muerte del dictador fascista General
Francisco Franco en 1975, consagradas en el Pacto de la Moncloa
y el Estatuto de los Trabajadores, están siendo paulatinamente
eliminadas.
La desregulación, la flexibilidad y la inseguridad laboral
son ahora comunes. Se ha desarrollado un sistema de empleo a dos
niveles, reemplazndo a a los trabajadores más viejos -
sindicalizados y relativamente mejor pagados- que tienen contratos
permanentes más seguros por trabajadores mayoritariamente
más jóvenes e inmigrantes con contratos temporales
mal pagados. La demanda principal de los empresarios ha sido la
de acabar con las condiciones de los contratos permanentes a través
de reducciones de los salarios, las pensiones y las indemnizaciones
por despido, permitiendo despedir a los trabajadores más
fácilmente y acabar con los convenios colectivos.
La gran parte de esto se ha logrado en los dos últimos
años. Nada de esto hubiese podido ocurrir sin el consentimiento
de los sindicatos.
Entre las medidas acordadas entonces por los sindicatos se
encontraba un límite a los aumentos salariales de tres
años y nuevas reglas para facilitar y abaratar el despido
lo que ha allanado el camino para el asalto al empleo, los salarios
y los servicios públicos. En el pasado hasta un 70 por
ciento de los trabajadores tenía sus términos y
condiciones laborales determinadas por convenios colectivos nacionales
mientras que los demás tenían sus condiciones determinadas
por los convenios sectoriales, como la minería y la hostelería,
o por convenios a nivel autonómico. En la actualidad, los
acuerdos que se alcanzan a nivel de empresa tienen prioridad sobre
las otros.
Acuerdos recientes entre asociaciones empresariales y los sindicatos
ejemplifican el rol de estos como policías de la fuerza
laboral. La semana pasada, la Asociación de Grandes Empresas
de Distribución (ANGED), que incluye a importantes corporaciones
como El Corte Inglés, Carrefour, IKEA, Cortefiel y C&A,
firmaron un acuerdo con los sindicatos para reducir los salarios
y eliminar la paga extra por trabajar los domingos o festivos
- en efecto un recorte salarial del 6 por ciento. Los 230,000
trabajadores afectados por el acuerdo también trabajarán
28 horas más cada año, con sus salarios congelados
por lo menos hasta el 2016.
El sitio web de Anged celebra el hecho de que los "representantes
sindicales renunciaron a sus demandas iniciales con el objetivo
de encontrar un equilibrio que garantice empleo dentro del sector
(de distribución)".
Las compañías automotrices como Ford, Peugeot
y Renault han anunciado planes para incrementar su producción
en España. En Nissan los sindicatos acordaron este mes
recortar salarios un 20 por ciento para los nuevos trabajadores.
Renault llegó a un acuerdo para incrementar la producción
y la contratación a cambio de flexibilizar el trabajo y
contratar a trabajadores temporales con salarios mucho más
bajos. El acuerdo permite a las fábricas funcionar siete
días a la semana y mantener aumentos salariales por debajo
de la inflación.
El gerente general de Renault Carlos Ghosn declaró que
el acuerdo con los sindicatos en España es una hoja de
ruta para los esfuerzos de la compañía para reducir
costes laborales en Francia dónde actualmente están
negociando con los sindicatos. Los costos laborales unitarios,
usados por los economistas como indicador de competitividad, han
caído cinco por ciento en España en los últimos
cinco años mientras que en Francia estos han subido un
10 por ciento de acuerdo con la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE).
Los sindicatos españoles también han acordado
con Federación Empresarial de la Industria Química
Española (FEIQUE) que los salarios de 250,000 trabajadores
sean congelados este año, los salarios subirán un
0.2 por ciento en 2014 sólo en el muy improbable caso de
que el producto interior bruto (PIB) crezca un uno por ciento.
Los salarios subirán un 0.4 por ciento si el PIB resulta
ser más grande que el 1 por ciento. Este leve incremento
difícilmente beneficiaría a los trabajadores, ya
que la subida de los impuestos (especialmente el IVA), el aumento
del coste del nivel de vida y los pagos por servicios sociales
que anteriormente habían sido gratuitos significarán
que los trabajadores saldrán perdiendo.
Los sindicatos españoles una vez más se encuentran
en un "diálogo social" con la organización
de la patronal, la CEOE, usando el pretexto del desempleo masivo
existente para bajar aún más los sueldos, incrementar
la flexibilidad y destruir las condiciones laborales. Cándido
Méndez, el líder de la Unión General de Trabajadores
(UGT), alineada con el PSOE, dejó clara la esencia de estas
negociaciones cuando declaró que "hay que hacer políticas
que favorezcan el mantenimiento y la creación de tejido
industrial en sectores de mayor aportación de valor añadido
y con mayores posibilidades de crecimiento duradero y sostenido".
El n?mero de españoles en paro ha alcanzado la cifra
récord de 6 millones, comparado con los 1.7 millones de
2007 poco antes del colapso económico. La tasa de desempleo
sigue en el 26 por ciento, la segunda más alta en la Unión
Europea después de Grecia. Entre los trabajadores inmigrantes
el desempleo llega al 36.5 por ciento. En el sur de España
la situación es incluso peor: casi un tercio de trabajadores
no tiene empleo. La juventud española ha sido especialmente
afectada: 55 por ciento de los menores de 25 años no tienen
empleo. En la región sureña de Andalucía
el 65 por ciento de jóvenes confronta el desempleo.
Un 10 por ciento de familias, constituyendo casi 2 millones
de personas, tienen a todos sus miembros en el desempleo. Un incremento
de 16 por ciento comparado con el 2011.
De acuerdo con un estudio de la Organización de Consumidores
y Usuarios, el 63 por ciento de los trabajadores recibieron recortes
en su ingreso del 1 al 10 por ciento en los dos últimos
años. El mismo estudio declara que los salarios de uno
de cada 10 trabajadores han sido recortados hasta un 20 por ciento,
y sólo 37 por ciento de los trabajadores han mantenido
el mismo salario durante el año pasado.
Una señal sobre cómo estos ataques a los salarios
y condiciones han beneficiado a los empresarios es el incremento
en las exportaciones. Las últimas cifras muestran que el
déficit comercial entre enero a octubre de 2012 permaneció
en los €28 mil millones, 28.3 por ciento menos que el mismo
periodo en 2011.
El Secretario de Estado para el Comercio Jaime García-Legaz
declaró que es "relativamente razonable" pensar
que el 2012 termine con un déficit por debajo del 2 por
ciento del PIB, comparado con el 10 por ciento en el 2007. García-Legaz
señaló que España nunca ha tenido un superávit
de comercio en su historia.
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