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Puerto Rico implementa medidas de austeridad tras la reducción
de su calificación crediticia
Por Bill Van Auken
10 Febrero 2014
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Este artículo apareció en inglés el
6 de febrero del 2014
El gobierno de Puerto Rico ordenó recortes presupuestarios
de un 2 por ciento el miércoles y prometió mayores
medidas de austeridad después que Standard & Poors
rebajó los bonos soberanos de la isla a la categoría
crediticia de bonos-basura.
Hace unos días, el gobernador Alejandro García
Padilla envió un proyecto de ley a la legislatura que recortaría
US$ 170 millones del presupuesto existente y anunció también
que presentaría un año antes de lo previsto un presupuesto
equilibrado para el año fiscal 2015. También reconoció
que el recorte presupuestario del 2 por ciento en todos los organismos
gubernamentales se traduciría en mucho más que una
reducción del 2 por ciento en recortes de gastos.
"Las implicaciones de esta rebaja crediticia no pueden
ser previstas", Matt Fabian, director gerente de Municipal
Market Advisors, dijo al Washington Post. Advirtió que
Puerto Rico "podría verse obligado a poner dinero
en efectivo para cancelar los contratos de derivados y otros acuerdos
financieros que podrían ser rescindidos por el cambio en
la calidad crediticia".
El gobierno de la isla ya ha reconocido que la rebaja de crédito
de esta semana activará una cláusula de dos préstamos
a corto plazo que exigen el pago total inmediato de la cantidad
adeudada - unos US$ 900 millones. El gobernador dijo que su gobierno
estaba tratando de renegociar un pago a plazos.
Siguiendo a la quiebra de Detroit, la rebaja crediticia puertorriqueña
ha provocado un aumento de la ansiedad que la isla podría
irse a la quiebra. Esto conllevaría implicaciones financieras
de mayor alcance y gravedad. La deuda de Puerto Rico se estima
en US$ 70 mil millones, en comparación a US$ 18 mil millones
para Detroit. Por ley, Puerto Rico, al igual que los gobiernos
estatales de Estados Unidos, está prohibido la declararse
de quiebra.
Debido a que los bonos de la isla están exentos de impuestos
federales, estatales y locales, y ofrecen un alto rendimiento,
su deuda está en el portafolio de un 70 por ciento de los
fondos de inversión municipales estadounidenses.
La calificadora S&P dijo que se decidió por la rebaja
crediticia, en parte, debido a la "reducción de la
capacidad para acceder a la liquidez" por el Banco Gubernamental
de Fomento del gobierno de Puerto Rico. La acción de la
agencia de calificación, sin embargo, tendrá el
efecto de profundizar las dificultades de San Juan en conseguir
efectivo, que es necesario para salir de su crisis fiscal.
Todo indica que Wall Street, Washington y el gobierno de García
Padilla están decididos a poner todo el peso de la crisis
sobre las espaldas de la ya empobrecida clase trabajadora de Puerto
Rico. Por su parte, el gobierno de Obama reiteró el miércoles
que no tenía la intención de proporcionar un plan
de rescate para la isla. "No se está contemplando
ninguna ayuda financiera federal ", dijo un portavoz del
Departamento del Tesoro.
El gobernador pidió al Tribunal Supremo de Puerto Rico
para que se defina rápidamente sobre su "reforma"
de pensiones, que eleva de forma unilateral la edad de jubilación
para los maestros de la isla y a la vez aumenta las contribuciones
de los maestros. Estas medidas suponen reducir los costos de pensión
del gobierno por US$ 700 millones dólares anuales durante
los próximos 25 años. Los sindicatos de maestros
habían tomado una medida preventiva para bloquear la aplicación
inmediata del plan.
Después del recorte crediticio anunciado por primera
vez el martes, García Padilla dijo al público puertorriqueño
que, "estos no van a ser tiempos fáciles." Reconoció
que se ha elaborado una lista de agencias que podrían ser
consolidadas, y que se había hecho un estudio para determinar
cuánto se podría ahorrar mediante la reducción
de la semana laboral de los empleados públicos. También
bajo consideración, dijo, estaba un nuevo aumento de impuestos
a las ventas y de uso en la isla. Al mismo tiempo, afirmó
que estaba "tratando de mantenerse lejos" de estas medidas.
El miércoles por la tarde, sin embargo, se reunió
en el palacio del gobernador de La Fortaleza en San Juan durante
horas con 20 líderes sindicales, evidentemente, para discutir
su colaboración en la imposición de nuevas concesiones
a los trabajadores puertorriqueños. Al describir la reunión
como "productiva", José Rodríguez Báez,
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, afiliado a
la AFL-CIO de Puerto Rico, dijo en San Juan al diario El Nuevo
Día, "Hubo solicitudes para el sector sindical para
formar parte de la búsqueda de soluciones".
El martes el gobernador aseguró al público que
"mañana el sol sale, nos vamos a levantar, el gobierno
ofrecerá los mismos servicios, los empleados cobrarán
su quincena, nada cambia en el funcionamiento diario del país
mañana".
Estas aseveraciones son necesarias porque la última
vez que Puerto Rica tuvo una crisis crediticia - en 2006 - el
gobierno se quedó sin dinero para pagar a los trabajadores
del sector público y cerró sus puertas durante 15
días, incluyendo las escuelas, que ponen 500,000 niños
fuera de clases.
Esa crisis fue provocada en gran medida por el fin del estatus
fiscal especial de la isla, que durante tres décadas había
ofrecido exenciones fiscales para atraer corporaciones manufactureras.
Esta medida, combinada con la apertura de oportunidades de mano
de obra barata en el tratado NAFTA con México, llevó
a la fuga de capitales y el inicio de una recesión que
ha continuado hasta nuestros días.
Esto ha creado condiciones cada vez más desesperadas
para grandes sectores de la clase obrera en el "estado libre
asociado" colonial. La tasa oficial de desempleo se sitúa
en más del 15 por ciento - significativamente más
alta que la de cualquier estado de EE.UU. y por lo menos el doble
de la tasa oficial en 42 estados. Cuarenta y uno por ciento de
los 3.7 millones de puertorriqueños viven por debajo del
nivel de pobreza oficial, lo que es aún más bajo
que el establecido en el territorio continental de Estados Unidos.
Como resultado de esta intensa pobreza se ha dado en un resurgimiento
de la emigración a los EE.UU. en un nivel no visto desde
la gran migración puertorriqueña en la década
de 1950.
Desde el inicio de la recesión en Puerto Rico en el
año 2006, la población de la isla se ha reducido
en 138 mil personas.
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